En la Universidad Estadual de Paraíba de Campina Grande (noreste), por ejemplo, el juez Horácio Ferreira de Melo Junior ordenó que la policía entrara en las clases para "prohibir el uso del espacio público para hacer política partidaria", según recoge el diario local O Globo.
En la universidad de Campina Grande la policía entró con la orden de requisar un "manifiesto en defensa de la democracia y la universidad pública" y otros materiales en favor del presidenciable Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores).
Según el diario O Globo, el manifiesto, elaborado por los docentes el 17 de octubre, no hace referencia a candidatos ni a partidos, y defiende conceptos como la libertad de cátedra, la estabilidad de los funcionarios públicos o la puesta en valor del profesorado.
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En Río de Janeiro, en la ciudad de Niteroi, una jueza determinó la retirada inmediata de una pancarta con el lema "Universidad Federal Fluminense Antifascista" de la fachada de la facultad de Derecho y amenazó al director del centro con una acusación criminal en caso de incumplir la orden.
En la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ) la policía mandó descolgar una pancarta en recuerdo de la concejala Marielle Franco, destacada activista por los Derechos Humanos asesinada el mes de marzo.
En la Universidad Federal de Grande Dourados (Mato Grosso do Sul, suroeste) la policía interrumpió una clase sobre fascismo.
La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) lanzó un comunicado manifestando su "repudio" ante las decisiones de la Justicia Electoral que intentan "censurar" la libertad de expresión de estudiantes y profesores de facultades de Derecho.
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En opinión de esta organización, cualquier restricción en este sentido constituye un precedente preocupante y peligroso para la democracia, además de una invasión a la autonomía universitaria que garantiza la Constitución.
