La economía será una de las tareas urgentes del próximo presidente.
Técnicamente, el gigante suramericano salió de la recesión hace más de un año, pero la recuperación es demasiado lenta y los efectos tardan en notarse.
Además, las cuentas públicas siguen en números rojos y el Gobierno prevé cerrar el año con un déficit de 159.000 millones de reales (42.500 millones de dólares), sin contar los intereses de la deuda.
El mercado financiero espera que la reforma del sistema de pensiones, medida estrella del Gobierno de Michel Temer que no llegó a aprobarse por su impopularidad, sea una prioridad para el próximo presidente.
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Otro asunto pendiente es qué hacer con la reforma laboral y la ley del techo de gastos que aprobó Temer, modificando la Constitución para congelar el gasto público en los próximos 20 años.
El favorito, Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal (PSL), en sus 28 años como diputado defendió la participación del Estado en la economía, pero al transformarse en candidato presidencial dio un giro hacia una visión más liberal gracias al asesoramiento quien se anuncia como su próximo ministro de Economía, Paulo Guedes, egresado de la Escuela de Chicago y ferviente defensor del libre mercado y la reducción del Estado a su mínima expresión.
Ahora, Bolsonaro defiende la reducción drástica del aparato público y confía en que desburocratizar y desregular la actividad económica será clave para el crecimiento y la creación de empleos.
Fernando Haddad (del Partido de los Trabajadores, PT), en cambio, prevé promover desde el Estado la reanimación de la actividad económica y la generación de puestos de trabajo mediante fuertes inversiones en obras públicas y programas sociales, y recuperar el poder de compra de los más pobres.
El candidato de la ultraderecha también promete privatizar o clausurar 50 empresas estatales que, según Bolsonaro, habrían sido creadas en los gobiernos del PT, aunque salvando a algunas, como el Banco de Brasil y la Caixa Económica, instituciones que tienen unos 200 años de vida.
Tampoco está claro qué haría con la joya de la corona, la empresa petrolera de propiedad mixta Petrobras.
Haddad, en cambio, promete parar la política de privatizaciones alegando que las empresas son estratégicas para el desarrollo y que hay que proteger la soberanía de Brasil.
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El próximo Gobierno deberá enfrentarse a asuntos endémicos y estructurales, como la desigualdad entre ricos y pobres y el avance de la pobreza.
La desigualdad avanzó en los últimos tres años debido a la crisis; un estudio de la Fundación Getúlio Vargas indica que en ese periodo seis millones de brasileños pasaron a vivir por debajo de la línea de la pobreza.
La violencia, otro de los problemas endémicos de Brasil, marcó la campaña electoral y fue uno de los factores que explican el ascenso de Bolsonaro.
El capitán retirado defiende la aplicación de "mano dura" en un país que recientemente batió su récord histórico de homicidios al superar las 64.000 muertes anuales.
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Bolsonaro quiere dar carta blanca a los policías para que puedan matar sin apenas consecuencias y facilitar el porte individual de armas, sobre todo para camioneros y terratenientes.
Haddad, en cambio, está en contra de armar a la población y defiende que el Estado federal asuma más competencias en el ámbito de la seguridad pública (ahora la mayoría están delegadas en los estados) para poder combatir de forma más efectiva el crimen organizado.
