"La aprobación de esta ley es como mandarle al mundo una señal de que existe un país que cree en la democracia y en los derechos de las personas y que se puede construir una sociedad más justa y más libre", dijo Graña a Sputnik.
El promedio de vida de las personas trans en Uruguay es de 35 años y solo el 2% de esa población tiene más de 65 años.
El también activista por los derechos de la población LGBTI señaló que la realidad política de la región hace que esta ley sea aún más importante "en un contexto en el que surgen discursos que generan casos como el de Brasil, en el que hace unos días mataron a una persona trans al grito de ¡Bolsonaro!".
"Significa mucho para la política uruguaya en general y para la región, es un mensaje de que este país sigue por una línea de ampliación y reconocimiento de derechos de las personas", puntualizó Graña.
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Un cuarto de los menores trans en Uruguay son expulsados de su casa, el 75% abandonó sus estudios debido al acoso de docentes y compañeros, y solo el 23% cuenta con un trabajo formal, lo que condena a muchos a la prostitución, según un censo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Graña señaló que esta ley era muy necesaria debido a que la situación de discriminación que viven estas personas es estructural, dado que cuando la identidad de género determina el posicionamiento o la clase social se revela el peso de esa discriminación.
Graña sostiene que esta ley profundiza la agenda de derechos que se construyó desde el Frente Amplio (partido gobernante) en las últimas décadas.
Además, destacó el rol de la sociedad civil, afirmando que fue "fundamental" para la creación y aprobación de esta ley.
"Esta ley es una respuesta a las demandas de la sociedad civil y a lo que fue el censo que nos dio los datos estadísticos para poder hacer una propuesta que dé soluciones a esos problemas", concluyó Graña.
Según el censo del Mides, sólo el 16% de las personas transexuales uruguayas pasan los 50 años.