El entendimiento entre los tres países "ha sido aplaudido por los representantes de la próxima administración (del presidente electo Andrés Manuel López Obrador) con el propósito de dar la mayor cantidad de señales tranquilizadoras a los mercados", dijo Ampugnani, promotor de un extenso pronunciamiento de la red sobre el acuerdo que fue renegociado desde agosto del año pasado.
Greenpeace integra la red de más de 70 organizaciones que protestan por la opacidad en torno del texto renegociado por el Gobierno saliente de Enrique Peña Nieto.
El mandatario, que espera firmar el acuerdo el último día de su mandato a finales de noviembre "no va a tener el costo político", observó.
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Pero si lo ratifica el nuevo Congreso mexicano, donde tiene mayoría el partido de López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional, "enviará señales políticas acordes con el presidente electo, a menos que la bancada mayoritaria nos dé una sorpresa y se oponga; pero dudo que den un golpe de timón tan brusco cuando todos sus legisladores dicen que es acuerdo es fabuloso", pronosticó el líder ecologista.
López Obrador dijo la semana pasada, en una conferencia de prensa, que el tratado mejora las condiciones laborales en la industria automotriz mexicana, que reduce a dos párrafos el capítulo en materia energética.
Además, "respeta la soberanía nacional" como indica la Constitución, ofrece "garantías a los inversionistas, evita riesgos, desconfianzas, y promueve los equilibrios macroeconómicos que permiten mayor inversión y más empleos", dijo el futuro mandatario.
Opacidades e ilegalidad del proceso
Un pronunciamiento de la red, que incluso integra el periódico Regeneración, órgano oficial de Morena, denuncia a Peña Nieto por "presentar un texto sin terminar, sin revisión jurídica, sin traducción oficial del inglés, para que lo revise el Senado", dice el texto enviado a esta agencia.
Las organizaciones no gubernamentales también piden al equipo negociador comercial del futuro Gobierno, que encabeza Jesús Seade, y a los senadores de su bancada, que "expliquen los motivos por los cuales han manifestado tanto beneplácito ante un tratado del que no conocen su texto final".
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Preguntan si los congresistas que analizan la versión en inglés, entregada casi a la medianoche del 30 de septiembre pasado, en sintonía con el calendario legislativo de EEUU, ya tienen un conocimiento "profundo y exhaustivo", suficiente para recomendar al próximo presidente que sea firmado por Peña Nieto.
"Si es así, que lo expongan en detalle a la sociedad en foros sobre cada uno de los temas", plantearon las organizaciones.
Este cambio de enfoque, deja la dinámica de la economía a merced de "la ley del más fuerte", y al mismo tiempo "limita severamente la capacidad del Estado para conducir un proyecto de nación y regular la economía", en beneficio de toda la sociedad, no solo a la cúpula empresarial.
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Los firmantes exigen a Peña Nieto los textos finales negociados en español, con los 34 capítulos, cuatro anexos y doce cartas paralelas que supuestamente integran AMEC, que estarán listos a finales de noviembre para ser firmados por el mandatario saliente, su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
"Es inadmisible que entreguen un texto que puede ser modificado cuando se haga una revisión supuestamente técnica, jurídica y de homologación de las traducciones", denuncian.
Peña Nieto "no debe firmar este Tratado sin dar un espacio para la discusión en la sociedad y al Senado sobre el texto final", advierten.
Asimismo las organizaciones sociales emplazan al gobierno saliente y al nuevo Senado a que, antes de firmarlo, en vez de la "campaña de propaganda" desplegada, "organicen una consulta o debate nacional".
Si ese ejercicio democrático retrasa la firma, plantean que la haga el próximo gobierno, que comenzará el 1 de diciembre de 2018.