Las disposiciones sobre Comercio Digital, en el capítulo 19 y sobre Propiedad Intelectual en el 20, "amenazan directamente a los derechos de libertad de expresión y a la privacidad y condenan a que los Estados que forman parte de este acuerdo comercial sean incapaces de impedir que las corporaciones, principalmente estadounidenses, violen estos derechos de los ciudadanos", explicó Fernando García, Director de R3D, la Red en defensa de los derechos digitales, una organización sin fines de lucro mexicana.
"Sin duda es un asunto de preocupación extrema. Con otros colegas hemos visto como en varias áreas comerciales se utilizan estos vehículos, estos tratados, para imponer regulaciones y legislaciones que son benéficas para industrias muy poderosas y que no toman en cuenta el interés público", dijo Fernando García a Sputnik.
Según la propia experiencia en México, García señaló que el lobby que estas empresas hacen para modificar el ordenamiento jurídico interno no ha sido eficiente (menciona como el ejemplo intentos de modificar la ley de derechos de autor mexicana) porque al ser discusiones específicas, han sido resistidas por la sociedad organizada.
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"Cuando se empaquetan en este mamut de políticas, arreglos y negociaciones es difícil lograr modificaciones. Las corporaciones hacen avanzar sus agendas regulatorias a través de estos tratados, que le son favorables a ellas, en perjuicio de los ciudadanos mexicanos en su libertad de expresión, acceso a la cultura y privacidad", agregó.
Privacidad y protección de datos personales
Según explicó el director de la organización R3D, muchos países como México tienen legislación que obliga a que los datos de sus ciudadanos sean resguardados en el país y que sólo pueden ser transferidos si el que los recibe, les garantiza el mismo nivel de protección que el de origen (como la regulación existente en la Unión Europea).
"El nuevo tratado no nos deja obligar a que los datos de nuestros ciudadanos se queden en México. No permite poner restricciones a la transferencia internacional de datos. No permite exigir un nivel de protección y privacidad similar adecuado. Y sobre todo, el tratado no obliga a EEUU a establecer una protección de datos, al menos similar, a las que tenemos" tanto en México en como Canadá, agregó el experto en diálogo con este medio.
Libertad de expresión
Por un lado, el USMCA establece modificaciones en cuanto al derecho de autor y la responsabilidad que tienen las plataformas y sitios de internet frente a una denuncia de que ha sido violentado.
"Se le dice a todas las empresas que si no quieren ser responsabilizadas por infracciones al derecho de autor, cuando alguien diga que su derecho fue violado, tienen que bajar ese contenido sin que se haga ningún tipo de preguntas", dijo García. De no hacerlo, el nuevo tratado de comercio para América del Norte, señala como responsable a la plataforma que aloja el contenido.
Estados Unidos lleva dos décadas con este sistema llamado "notificación y remoción" y según relató García, se estima que un tercio de las remociones del contenido en internet que se dan por medio de este mecanismo "no cumplen con los requisitos legales o censuran información que no debería haber sido censurada".
El Tratado también obliga a que los proveedores de internet revelen quienes hayan sido los probables autores de la violación al derecho de autor, endurece las sanciones penales y civiles para estos casos y limita los derechos procesales en estas causas, según el análisis realizado por R3D.
Así, señaló, el derecho a la libertad de expresión de los mexicanos está sujeto "a la buena voluntad" de compañías monstruosas que tienen fuertes intereses creados en estas prácticas. "Por décadas estas industrias han tratado de empujar este tipo de regulaciones tanto a nivel interno como en tratados internacionales" sin éxito hasta ahora gracias al nuevo acuerdo comercial, que salió justo a tiempo para que sea cosechado como el gran mérito de Donald Trump previo a las elecciones al Senado estadounidense, que se realizarán el 6 de noviembre.
