"Rocca dijo no saber de presuntas coimas (sobornos) a exfuncionarios", informaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.
Durante más de dos horas, el empresario tuvo que prestar declaración en los tribunales federales de la capital argentina.
El empresario tuvo que responder a las preguntas de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.
Rocca sostuvo que los pagos ordenados por Betnaza fueron ejecutados por otro exdirectivo de Techint, Héctor Zabaleta, que figura como arrepentido en la causa y con falta de mérito, situación apelada por los fiscales.
En Venezuela
Cuando declaró ante la justicia argentina, Betnaza se refirió a dos empresas que Techint poseía en Venezuela, Sidor y Tavsa, y afirmó que "de 2003 a 2005 la relación con el régimen chavista (del entonces presidente Hugo Chávez) fue razonable".
A partir de ese último año comenzaron supuestamente los problemas con el Gobierno de Chávez, según el testimonio de Betnaza.
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En 2007 la situación empeoró, con personal de la empresa amenazado, y en 2008 Sidor fue nacionalizada, por lo que Techint pidió ayuda al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a través del entonces Ministerio de Planificación, cuyo titular Julio de Vido, se encuentra detenido y procesado en otras causas judiciales.
Contexto
La ley del arrepentido, vigente desde noviembre de 2016, avala la reducción de pena para un imputado que brinde información relevante en una causa judicial en curso.
El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.
Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.
De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.
Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.
Bonadio los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno.
