El fallo es "acatable", pero "cuestionable" y será apelado pues "hay una doble instancia que reconocer", dijo Pérez Arroyo al Canal N.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, ordenó anular el indulto de Fujimori y detenerlo de inmediato para que siga cumpliendo la condena de 25 años de prisión que se le impuso en 2007 por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció en junio sobre el indulto concedido a Fujimori indicando que la justicia peruana debía definir si "la vía correcta" para determinar la legalidad de la medida era la constitucional y no la penal, argumentó el abogado.
Pérez Arroyo indicó que Fujimori se encuentra "consternado" con la decisión de la justicia, que puso fin al indulto que le había concedido en diciembre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por razones humanitarias.
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El abogado dijo que el exmandatario será posiblemente enviado al penal de Barbadillo, en Lima, aunque dijo temer que por "venganza política" se lo encierre en el penal de máxima seguridad de Challapalca, en Puno (sur) y a 4.800 metros sobre el nivel del mar.
La Corte IDH dio al Poder Judicial peruano hasta el 29 de este mes para pronunciarse.
Fujimori fue hallado culpable de autoría mediata (intelectual) de la masacre de Barrios Altos, el asesinato en 1991 de 15 personas a manos del Grupo Colina, un destacamento paramilitar dirigido por Fujimori para la lucha contra el terrorismo.
También se lo condenó por la masacre de La Cantuta, el asesinato en 1992 de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida popularmente como La Cantuta, también cometida por el Grupo Colina.
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El expresidente fue condenado asimismo por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti en 1992 y del empresario Samuel Dyer.