El Primer Tribunal Colegiado con sede en el estado de Tamaulipas (noroeste) confirmó por unanimidad que las autoridades deben cumplir la sentencia que ordenó reponer la investigación y generar una comisión extraordinaria para el caso.
La investigación "no ha sido pronta, eficaz, imparcial ni independiente" y no existe "la supuesta imposibilidad" que alegó la PGR, ni se invaden facultades del Ministerio Público, dice la sentencia difundida por abogados de cuatro organizaciones que acompañan la defensa de las familias de la víctimas.
En mayo, ese mismo tribunal ordenó que, debido a la gravedad de las irregularidades, se deben "resolver las alegaciones de tortura de las personas imputadas y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala", informaron el jesuita Centro de DDHH Agustín Pro Juárez, el centro de análisis Fundar, Servicios y Asesoría para la Paz, y el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero (sur) donde ocurrió la masacre.
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Esa comisión debe crearse con controles externos, integrados por la representación de las familias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal), y con asistencia de organismos internacionales.
Fallo contra apelaciones del Gobierno
Otro tribunal encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia consideró "fundado un incidente de imposibilidad jurídica promovido por la PGR".
Ante esta decisión, el Tribunal Colegiado ratificó su fallo y rechazó la imposibilidad alegada
El nuevo fallo "confirmó que la Constitución Política mexicana, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentan la creación de la citada comisión investigadora".
Los letrados resaltaron la necesidad de que los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 sean investigados "como desaparición forzada", es decir con participación de agentes del Estado, tal como lo ordenó la Corte Interamericana de DDHH en el caso contra México de Radilla Pacheco, desaparecido a manos de los militares durante los años de la llamada "guerra sucia" de las décadas 1960 y 1970.
Durante la sesión, el tribunal afirmó que la facultad de la Comisión de Investigación para ingresar a instalaciones en busca de indicios ya la practican muchos jueces de distrito.
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Esa diligencia "está fundamentada en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y, contrario a lo sostenido por PGR, no vulnera la Ley General de Bienes Nacionales ni pone en riesgo la seguridad nacional", indica el fallo.
El Tribunal manifestó su extrañeza de que un gran número de autoridades federales del Gobierno saliente estuviesen presentando recursos legales de todo tipo en contra de las víctimas.
"Para las familias, estos recursos expresan que el Gobierno saliente no está dispuesto a que la investigación esté bajo escrutinio internacional, a pesar de que la ejecución de la sentencia correspondería y ya ha sido aceptada por el nuevo gobierno", dicen sus abogados.
El Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de DDHH ha rechazado la llamada "verdad histórica" de la fiscalía, según la cual, los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados y los restos lanzados a un río de donde solo se recataron huesos para identificar a uno de los 43 alumnos.
