La comisión jurídica del Comité 68, fundado por sobrevivientes de la masacre de Tlatelolco para exigir castigo a los responsables de la masacre, presentó un amparo ante el Poder Judicial este 19 de septiembre.
A sus 28 años, Martínez está próximo a titularse, mientras integra el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la comisión jurídica del Comité 68. En conversación con Sputnik, explicó cómo su generación aportó una nueva visión para continuar la búsqueda de justicia que les legaron sus antecesores.
El amparo busca reabrir una causa judicial de 2002, cuando el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó la presidencia de la República y desplazó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por primera vez en la historia del país. Entonces, se abrió una perspectiva de justicia para las víctimas de 1968, que llevaban más de 30 años sin ser atendidas.
"Fue creada no solo para investigar el caso del 2 de octubre [de 1968] en Tlatelolco, que era el caso paradigmático, sino todas las violaciones de la guerra sucia" explicó Martínez, en referencia al período de exterminio —desaparición y asesinato— de personas acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros por parte del estado mexicano durante la década de 1970.
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Para Martínez, más que avanzar, la Fiscalía "garantizó la impunidad". Aún así, fue la primera respuesta institucional que recibieron las víctimas de Tlatelolco.
El 2 de octubre de 1968, tras más de dos meses de conflicto estudiantil y huelga, miembros del Ejército mexicano dispararon contra la multitud congregada en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde participaban de un acto miles de jóvenes. Hasta el momento, no se tiene una cifra oficial de los asesinados ese día por el ataque de las fuerzas estatales.
Lo importante, analiza el estudiante de abogacía, fue la apertura de causas en la Justicia que catalogaron el hecho de "genocidio".
En el amparo se pide que se continúe la investigación sobre la responsabilidad del expresidente Luis Echeverría Álvarez y de los mandos civiles y militares sobre los que avanzó esta Fiscalía, sostuvo Martínez.
Aunque un Tribunal Constitucional sostuvo que el delito de genocidio prescribió, la causa sigue abierta. Revivirla es lo que buscan los jóvenes que forman parte del Comité 68 con este amparo.
La medida tiene resonancia, 50 años después, en un momento particular.
Por un lado, miles de estudiantes se volcaron el 13 de septiembre a participar de la conmemoración de la Marcha del Silencio de 1968 y coparon el centro de la Ciudad de México, reclamando el fin de la violencia dentro de los centros educativos y la expulsión de grupos de "porros", estudiantes que reciben prebendas a cambio de funcionar como un grupo de choque a disposición de las autoridades.
Por otro, el Gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador avanza en su propuesta de crear Comisiones de la Verdad para investigar los miles de casos de graves violaciones a los Derechos Humanos que se sucedieron en México durante la última década.
Sin embargo, para Martínez, "la propuesta de las Comisiones de la Verdad pierde fuerza si no se trata de órganos vinculantes que puedan resolver, como lo es una Fiscalía", tal como exigen con el amparo presentado.
Al amparo se le asignará en los próximos días un número de expediente y un juez. Es posible que para el 50 aniversario del 2 de octubre ya haya una esperanza de romper la impunidad que domina el caso.
