"La fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, trasladó ante la Oficina de Atención Permanente [OAP] la solicitud presentada por el fiscal [especial contra la Impunidad] Juan Francisco Sandoval, relacionada con la canciller Sandra Jovel", escribió en su cuenta oficial de Twitter el Ministerio Público.
📣 La Fiscal General de la República y Jefa del @MPguatemala Dra. María Consuelo Porras Argueta, trasladó ante la Oficina de Atención Permanente (OAP) la solicitud presentada por el Fiscal Juan Francisco Sandoval de la FECI, relacionada con la canciller Sandra Jovel. pic.twitter.com/AoM9nGNNrR
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 19, 2018
El 6 de este mes Jovel acusó a la CICIG y al Ministerio Público de ser cómplices de la muerte del exministro de Finanzas, Pavel Centeno.
"Las afirmaciones falsas y tendenciosas realizadas por la funcionaria cuestionada afectan directamente al trabajo desarrollado por el personal de la fiscalía a mi cargo, por tanto, afecta nuestra institución, que es la encargada del ejercicio de la persecución penal", escribió el fiscal Sandoval en el documento de solicitud que lleva el aval del Ministerio Público.
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Sandoval solicitó que la ministra argumentara sus dichos, "en conformidad con lo que establece el artículo 298 del Código Procesal Penal".
Jovel dijo que el "modus operandi" de la CICIG fue manipular la justicia e interferir en los asuntos internos del país, mientras que su titular, Iván Velásquez atenta contra el orden, la seguridad pública y la institucionalidad.
La ministra alegó que se presentaron "pruebas documentales" sobre las acciones que llevó a cabo la CICIG, en las que se mostraría que se "vulneraron derechos y libertades de los ciudadanos".
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El presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, que concluye en septiembre de 2019, y aseguró que sus decisiones no están violentando "por ningún motivo" el orden constitucional.
En los años de su mandato, y en particular bajo el liderazgo de Velásquez, la comisión de Naciones Unidas logró junto a la Fiscalía General llevar a la justicia graves casos de corrupción política y empresarial que determinaron, por ejemplo, la caída y encarcelamiento en 2015 del entonces presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.
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