"Invocando la aplicación del artículo 133 de la Constitución, planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las 4 reformas constitucionales presentadas al Congreso", expresó Vizcarra mediante un mensaje a la nación difundido a las 20.00 hora local (01.00 GMT).
"Mediante Decreto Supremo número 097-2018 PCM, convoco a legislatura extraordinaria al Congreso de la República de acuerdo al inciso 6 del artículo 118 para el día miércoles 19 de septiembre", afirmó Vizcarra.
Asimismo, el jefe de Estado hizo mención a los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo para plantear las reformas anticorrupción, sin haber recibido una respuesta urgente a la altura de una "demanda popular" de parte del Congreso.
De las cuatro reformas presentadas hace 40 días por el Ejecutivo para ser aprobadas por el Parlamento, no se ha avanzado en la aprobación del dictamen "ni siquiera de una", denunció el mandatario.
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El gobierno de Vizcarra anunció el 28 de julio la realización de un referendo que someterá a consulta popular 4 reformas constitucionales que apuntan a luchar contra la corrupción grave que afecta al sistema político de Perú.
Estas reformas son la no reelección de congresistas, el retorno a la bicameralidad del Parlamento, la fiscalización abierta de los fondos económicos de financiamiento de las campañas electorales, y la reforma integral del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano encargado de nombrar y deponer jueces y fiscales en Perú.
El mandatario desea que estas reformas constitucionales sean votadas por la ciudadanía el 9 diciembre, aprovechando el día en que se celebrará la segunda vuelta de las elecciones regionales, mismas cuya primera vuelta tendrá lugar el 7 de octubre.
Esta red de corrupción traficaba con influencias para colocar jueces y fiscales "a pedido", así como incurrir en delitos de soborno, lavado de activos, entre varios otros.
La cuestión de confianza es un mecanismo contemplado por la Constitución de Perú, según el cual el presidente puede solicitarle al Congreso que le dé su confianza a su gabinete aprobando una política del Ejecutivo.
Según la Carta Magna, el presidente tiene la potestad de cerrar el Congreso si éste no le da la confianza, es decir censura, a dos gabinetes de un sólo gobierno.
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El actual Parlamento de Perú ya censuró un gabinete al presente gobierno; lo hizo en septiembre de 2017.
La medida invocada por el Ejecutivo obligaría el Legislativo a aprobar las reformas constitucionales, pues de no hacerlo se procedería al cierre del Congreso y, posteriormente, a la convocatoria de elecciones generales.
El actual Congreso del Perú, controlado por el partido mayoritario Fuerza Popular (fujimorista, derecha) ha venido retrasando y cuestionando las reformas planteadas por Vizcarra.
Fuerza Popular tiene a congresistas, políticos y miembros del sistema judicial como aliados, quienes algunos también están comprometidos en la mencionada red de corrupción.
Con la cuestión de confianza, el Ejecutivo obligaría al Parlamento a aprobar con celeridad las reformas anticorrupción que gozan de un apoyo popular superior al 80 por ciento, según sondeos.
