"Este asesinato y estos seis meses de impunidad, de falta de respuestas, muestran la falta de compromiso del Estado brasileño con sus obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos; lo que Brasil dice por ahí fuera no es lo que hace aquí dentro", criticó en declaraciones a Sputnik la portavoz de Amnistía Internacional Brasil, Renata Neder.
Pertenecía al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y fue asesinada a tiros el 14 de marzo junto al conductor del vehículo en el que se desplazaba por el centro de Río, Anderson Gomes.
El asesinato causó conmoción en el país, y desde el principio tanto la policía como las autoridades lo consideraron un crimen político, aunque en todos estos meses la investigación apenas presentó avances.
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En un principio se apuntó a las milicias (grupos paramilitares con mucho poder en los suburbios de Río) ligados a otro concejal de la ciudad, y más recientemente la policía mencionó la posibilidad de que el asesinato fuera ejecutado por un grupo de exterminio de alta precisión.
Por el momento las investigaciones son conducidas por la Policía Civil del estado de Río de Janeiro, pero ante la falta de resultados crecen las presiones para que el caso pase a la Policía Federal.
Para Neder, la impunidad de este asesinato es especialmente grave, porque quienes mataron a Franco intentaron lanzar un mensaje.
"Los asesinos intentaron generar miedo y silencio; no puede quedar sin respuesta por parte del Estado, si no, se abre la puerta a ese temor", dijo.
"Aunque han pasado seis meses Marielle nos hace una falta tremenda, pienso en ella todo el rato, no sale de mi cabeza (…) Si (la orden de matar) partió de algún político que convivía con Marielle es un acto cobarde; ¿convives con ella en el día a día y tramas su asesinato? Hay que ser muy cobarde, muy brutal", criticó su padre en declaraciones al diario O Globo.
Poco después del asesinato de Franco, Amnistía Internacional lanzó una campaña de recogida de firmas para pedir al Estado respuestas al crimen, y ya se han sumado 95 millones de personas.
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La próxima forma de presión tendrá lugar el 20 de septiembre en el marco de los debates del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra.
Formará parte de la comitiva la pareja de la concejala, Mónica Benício, quien en los últimos meses denunció amenazas de muerte y solicitó protección a la Organización de los Estados Americanos.
