"Lo que los especialistas de la industria energética recibimos son señales cruzadas, un día de reversión de la reforma y otro de que continúa", dijo a esta agencia el director de la firma Connect Energy, especializada en contrataciones de industrias de petróleo y gas, Edgar Murga.
"Lo que buscan con las revisiones son inconsistencias o que se haya incumplido la normatividad", explicó Murga.
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Sin embargo, las futuras autoridades también han hablado de suspender las licitaciones de la siguiente ronda que ejecuta el ente regulador autónomo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
"Han dicho que las rondas de licitaciones serían aplazadas hasta 2019 por solicitud del Gobierno entrante, que tiene otras ideas, de abrir una ronda de licitación en diciembre de 2018 solo para contratos de servicios a empresas petroleras mexicanas", prosiguió Murga.
Pero ese esquema de contratos de servicios para la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ya operaba antes de la reforma energética.
Romo, un influyente empresario del norte del país, dijo que "no vamos a hacer nada nuevo para no crear incertidumbre; no vamos a hacer nada que afecte la confianza".
Por primera vez, este cercano colaborador de López Obrador reveló que "hemos revisado casi todos los contratos y estamos bastante cómodos con todos".
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Esa declaración provocó un suspiro de alivio entre los inversionistas, que saben de los dilemas del presidente ante su electorado, conocido por su tajante oposición a la reforma energética aprobada por el Congreso en 2013, mediante una reforma constitucional.
Cautela hasta diciembre
La inquietud dominante entre los inversionistas no se relaciona con los temas de impacto ambiental o social ni con los lineamientos internacionales pendientes, sino con determinar si la reforma energética será anulada toda o en parte.
"Lo que inquieta mucho es que por esas inconsistencias no se implementen las inversiones proyectadas, que impiden proseguir la importante fase de exploración de los yacimientos, que tomará unos cuatro años", indicó Murga.
"Lo que se observa es un ambiente reservado, esperando a que López Obrador tome posesión y comiencen las acciones de su Gobierno, incluso diría que el ambiente se ha vuelto neutral: hay temores, pero también hay señales positivas de que la reforma va seguir", dijo el jurista, posgraduado por la Universidad de Cambridge.
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En efecto, días después de los anuncios de cancelación de las próximas licitaciones, el equipo de transición anunció que continuarían, aunque con un enfoque dirigido a petroleras mexicanas en estados de la costa del Golfo de México, como Tabasco y Campeche.
"Es una señal de que la reforma energética sigue siendo operativa y continuará su curso, porque sería catastrófico darle marcha atrás", ya que permitió compromisos por inversiones que podrían elevarse a 200.000 millones de dólares en total para varias décadas, observó.
"La meta del nuevo Gobierno es alcanzar la seguridad energética para incrementar la eficiencia del país y disponer de sus propios suministros, sin importaciones de gasolinas", explicó Espejel.
Si se disparan los precios de los combustibles, el país tendría la posibilidad de incrementar la refinación de crudo y generar sus propias gasolinas con seguridad energética.
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"La impresión es que las inversiones en las refinerías no estarán orientadas a obtener utilidades, sino seguridad energética, como lo han hecho otros países que estiman más importante tener soberanía que utilidades", puntualizó el experto.
López Obrador, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, anunció el sábado 8 de septiembre desde su natal estado petrolero de Tabasco, inversiones por unos 9.200 millones de dólares en 2019, para comenzar la nueva refinería y reforzar a Pemex.
La producción mexicana se ha derrumbado año tras año desde 2004, cuando alcanzó el pico histórico de 3,4 millones de barriles diarios.
La causa no solo fue solo la falta de inversiones en extracción de hidrocarburos, sino que los grandes yacimientos de fácil explotación en aguas someras, como Cantarell, se extinguieron.
Las autoridades salientes han reconocido que hacen faltan costosas exploraciones en busca de nuevos campos petroleros, sobre todo bajo las aguas profundas del Golfo de México, que requieren tecnología de punta desarrollada por los grandes jugadores y altas inversiones de largo plazo.
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Finalmente, el titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, defiende los contratos con actores privados que garantizan una utilidad de 70% al Estado mexicano, superior a las licitaciones en EEUU y en Brasil.
Esos contratos permitirán crear en 15 años 230.000 nuevos empleos, y hasta 900.000 empleos calificados en los 35 años de vida productiva de esos acuerdos.
