El juez Sebastián Casanello rechazó un pedido del fiscal Carlos Stornelli para que la causa pasara al fuero electoral, donde ya hay una pesquisa por irregularidades solamente electorales y no penales.
El fiscal Stornelli sostuvo en el dictamen rechazado que el juez debía apartarse de la investigación por lavado de dinero y falsedad ideológica y enviar todo el expediente a la justicia electoral de la ciudad de La Plata (este), donde el juez Adolfo Gabino Ziulu lleva adelante una causa solo por irregularidades electorales.
Gabino Ziulu intenta unificar en su juzgado todas las investigaciones y había pedido el apartamiento de Casanello y del juez Ernesto Kreplak, quien abrió otro caso por presunto lavado.
En la causa de Casanello, hasta el momento unas 50 personas se han presentado a declarar para dar su testimonio luego de que se comprobara que sus datos personales habían sido utilizados sin su autorización para figurar como aportantes de la campaña de Propuesta Republicana (PRO-Cambiemos) y también como afiliados a ese partido en la provincia de Buenos Aires.
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Según un peritaje solicitado por el magistrado, 90% de las fichas de afiliación fueron falsificadas.
A medida en que se avanzaba en la investigación, se descubrió que también se utilizaron las identidades de empleados del Estado, así como de personas que habían sido candidatos de Cambiemos pero que ya no formaban parte de la agrupación política.
Además, se pudo comprobar que varias empresas privadas que tienen contratos con el Estado o con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires facilitaron sus nóminas de empleados para que estos aparecieran también como aportantes.
La ampliación de las investigaciones muestra que incluso la campaña de 2015 del actual presidente Mauricio Macri habría declarado aportes de personas cuya identidad fue sustraída y que nunca donaron para el partido del mandatario.
La maniobra habría alcanzado a algunos miles de personas.