Apenas un 11% consideraron que Chávarry debe permanecer en el cargo, mientras el restante 4% dijeron no saber, según el sondeo de la empresa Datum, publicado por el diario Perú 21.

Esta red se dedicaba a corrupción, tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos y estaba integrada por miembros del sistema judicial y empresarios.
A inicios de junio se difundieron interceptaciones telefónicas al juez Hinostroza que sugerían que éste tendría una relación cercana con el fiscal de la Nación.
En dicha conversación, Chávarry le pedía supuestamente a Hinostroza coordinar con empresarios y miembros del sistema judicial y periodistas a fin de asegurar su nombramiento en el cargo.
El 20 de agosto la fiscal Sandra Castro, encargada de investigar Los Cuellos Blancos del Puerto, señaló a Chávarry como parte de la red.
La fiscal Castro basó su afirmación en testimonios de colaboradores eficaces.
A pesar de los pedidos del Poder Ejecutivo y de varios bloques del Congreso, Chávarry se niega a renunciar.

