"El secretario general [António Guterres] le ha pedido al comisionado Velásquez que continúe al frente de la CICIG desde fuera de Guatemala hasta que haya más claridad sobre la situación", dijo en un mensaje grabado el portavoz Martín Ponce.
Guterres pidió más temprano en un pronunciamiento al Gobierno guatemalteco que siguiera buscando una solución en el marco del acuerdo firmado en 2006 por el Estado de Guatemala y la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para la creación de la CICIG.
El presidente, Jimmy Morales, decidió no renovar el mandato de la CICIG, que expirará en septiembre de 2019, y el 4 de septiembre ordenó que no se permitiera el ingreso de Velásquez, quien el 3 de septiembre viajó a Washington.
El portavoz Ponce dijo que "la Secretaría General de las Naciones Unidas tiene serias dudas sobre esta decisión, que actualmente está revisando y que no parece ser consistente con el acuerdo sobre el establecimiento de la CICIG".
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El mes pasado, la CICIG y la fiscalía general pidieron el desafuero de Morales para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
En agosto del año pasado, otra investigación de la CICIG y la fiscalía general contra Morales se hundió en el Congreso, donde el presidente obtuvo los votos suficientes para mantener su inmunidad.
Morales ya había intentado expulsar a Velásquez de Guatemala cuando lo declaró persona no grata el año pasado, en el marco de una serie de ataques a la CICIG.
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El viernes 31 de agosto el presidente anunció que decidió no renovar el mandato de la CICIG, cuyo período expirará en septiembre del año próximo.
En los años de su mandato, y en particular bajo el liderazgo de Velásquez, la CICIG logró junto a la Fiscalía General llevar a la justicia graves casos de corrupción política y empresarial que determinaron, por ejemplo, la caída y encarcelamiento en 2015 del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.