"La Comisión tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad que había identificado previamente (…) continúan cometiéndose en Burundi, estos crímenes incluyen homicidio, encarcelación u otra privación severa de libertad física, tortura, violación sexual (…) y persecución por motivos políticos", dice el informe, basado en aproximadamente 900 declaraciones de víctimas, testigos y presuntos autores de las violaciones.
"Las autoridades administrativas también cometieron u ordenaron la comisión de violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones y arrestos arbitrarios y maltrato", indica el informe.
La Comisión también se mostró preocupada por el creciente papel del movimiento de juventud del partido gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), Imbonerakure, en las violaciones como extorsión, reclutamiento forzado y persecución política.
Los expertos señalaron además que el Gobierno del presidente Pierre Nkurunziza orienta el grueso de los recursos nacionales hacia la defensa y la seguridad, en vez de destinar fondos a la realización de los derechos económicos y sociales.
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Según el documento, el número de necesitados en Burundi, principalmente en términos de atención médica, alimentos, agua, higiene y sanidad, aumentó de un millón a 3,6 millones en los últimos dos años, lo que representa más del 34% de la población.
"La comisión completó la lista de los presuntos autores de crímenes de lesa humanidad que había establecido durante su anterior mandato, teniendo cuidado en distinguir entre la responsabilidad directa y la responsabilidad de los jefes militares y los superiores jerárquicos", dice el texto.
La Comisión agrega que la lista, que permanece confidencial para proteger a las fuentes de su investigación y respetar el principio de presunción de inocencia, será remitida al final de su mandato a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe llama al Gobierno burundés a poner fin de inmediato a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado e Imbonerakure, y enjuiciar a sus autores.