Los crímenes, que según el ente siguen perpetrándose en el contexto de graves violaciones de los DDHH, incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones y arrestos arbitrarios, torturas, abusos sexuales, trato cruel, inhumano o degradante y desapariciones forzadas.
"En vista de la impunidad de los autores de estas violaciones, la Comisión solicita a la Corte Penal Internacional que inicie lo antes posible una investigación sobre los crímenes cometidos en Burundi", dice el comunicado.
Entre los presuntos autores de estos crímenes, la Comisión mencionó a miembros, incluidos altos cargos, de los servicios de inteligencia y la policía nacional, mandos militares y miembros de la liga juvenil del partido gobernante, conocida como Imbonerakure.
"Nos sorprendió la escala y la brutalidad de las violaciones, observamos la falta de voluntad por parte de las autoridades burundesas de luchar contra la impunidad y garantizar la independencia del poder judicial, como resultado, existe una gran probabilidad de que los perpetradores de estos crímenes queden impunes", declaró el presidente de la comisión, Fatsah Ouguergouz.
La comisión de investigación sobre Burundi fue creada el 30 de septiembre de 2016. Su mandato consiste en realizar una investigación exhaustiva sobre las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos en Burundi desde abril de 2015, para identificar a los presuntos autores y formular recomendaciones.
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En mayo de 2015 se produjo en Burundi un intento de golpe de Estado tras varias semanas de protestas acompañadas de violencia, que estallaron como reacción a la decisión del presidente del país, Pierre Nkurunziza, de presentarse a las elecciones por tercera vez, con lo que infringiría la Constitución, según la oposición.
Durante los disturbios al menos 439 personas murieron, mientras que más de 250.000 huyeron del país.