"El Consejo de Seguridad Nacional recomendó al presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, prohibir el ingreso a territorio nacional al señor Iván Velásquez Gómez por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país", dice el punto cuatro de una declaración de siete párrafos divulgada por las autoridades.
La decisión fue repudiada de inmediato por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
"Al descabezar la Cicig, Jimmy Morales logra consumar su plan para impedir investigaciones contra los mafiosos en el país (incluyendo la investigación contra él)", dijo Vivanco en su cuenta de Twitter.
El mes pasado, la Cicig y la fiscalía general pidieron el desafuero de Morales para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio de Morales, el tercero que enfrenta, fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia y luego pasó al Congreso, que tiene la última palabra sobre la inmunidad presidencial.
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En agosto del año pasado, otra investigación de la Cicig y la fiscalía general contra Morales se hundió en el Congreso, donde el presidente obtuvo los votos suficientes para mantener su inmunidad.
Morales ya había intentado expulsar a Velásquez de Guatemala cuando lo declaró persona no grata el año pasado, en el marco de una serie de ataques a la Cicig.
Además, el viernes el presidente anunció en un discurso televisado que decidió no renovar el mandato de la Cicig, creada por acuerdo de este país y la ONU en 2006 y cuyo período expirará en septiembre del año próximo.
De manera simultánea, medios guatemaltecos y redes sociales mostraron fotografías con un inusual despliegue de vehículos militares en torno a la sede de la Cicig en la Ciudad de Guatemala.
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La Cicig es un "órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos", según su tratado constitutivo.
En los años de su mandato, y en particular bajo el liderazgo de Velásquez, logró junto a la fiscalía general llevar a la justicia graves esquemas de corrupción política y empresarial que determinaron, por ejemplo, la caída y encarcelamiento en 2015 del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.
