Las dos agencias de la ONU constatan que en los dos meses transcurridos tras la firma del memorándum tripartito de entendimiento, las autoridades birmanas dieron pasos que "merecen la aprobación".
En particular, crearon un grupo trilateral de trabajo y facilitaron a la ACNUR y la PNUD acceso al estado de Rakáin a principios de julio.
"Ahora se necesita acometer las tres tareas clave enumeradas en el memorándum: facilitar el acceso eficaz al estado de Rakáin, asegurar la libertad de desplazamiento para todas las comunidades y eliminar las causas principales de la crisis", dice la declaración conjunta.
Más de 700.000 rohinyás, un grupo étnico musulmán bengalí del norte del estado birmano de Rakáin, huyeron a la zona limítrofe de Bangladés en poco menos de un año desde finales de agosto de 2017, en medio de un brote de violencia provocado por un ataque del llamado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (antiguo nombre de Rakáin) contra 30 puestos policiales y la operación militar llevada a cabo por los militares birmanos en respuesta.
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Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana rohinyá estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes; el conflicto y la crisis humanitaria se agravaron sobre todo tras la transición política de un régimen militar a uno civil ocurrida entre 2011 y 2012.