"En solo 2018, la entidad ha recibido 1.291 denuncias de líderes sociales y desmovilizados de las desaparecidas FARC", indicó la Fiscalía en un comunicado, en el que describe las acciones que ha emprendido para prevenir tal situación.
El diagnóstico reveló que tres departamentos, Cauca, Nariño y Putumayo (en el suroeste del país), concentran la mitad de las amenazas y hechos violentos conocidos, lo cual también ha derivado en desplazamientos, toma ilegal de posesión de terrenos por parte de los victimarios y ataques a la vida de las personas que promueven una salida lícita a los cultivos ilegales.
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"En todos estos hechos hay causas definidas, capturados y responsables judicializados (en proceso judicial)", agregó.
Según la Defensoría del Pueblo (ombudsman), desde el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año se han registrado 311 asesinatos contra líderes sociales y defensores en varias regiones de Colombia.