"El caso se relaciona con las sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica en Colombia a partir de 1984 y por más de 20 años", indicó la CIDH en un comunicado.
Asimismo, agregó que "estos hechos fueron calificados como un exterminio en el informe de fondo y se estableció que los mismos alcanzaron una gravedad y magnitud inusitadas".
Sin embargo, ese proceso de paz nunca se concretó y la UP se consolidó como un grupo de izquierda compuesto por algunos frentes desmovilizados de las guerrillas y de otros movimientos.
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Aunque el anuncio fue hecho el 25 de julio por la CIDH, el organismo precisó que sometió el caso a la jurisdicción de la Corte IDH el pasado 29 de junio, porque consideró que el Estado colombiano no cumplió con las recomendaciones contenidas en su informe de fondo.
Por tal motivo, la CIDH concluyó que el Estado de Colombia "violó el derecho a las garantías judiciales y protección judicial", si se tiene en cuenta la magnitud y gravedad de las violaciones y el impacto que tuvo en los familiares de las víctimas.
