"Logramos establecer que había unos patrones comunes que podríamos reconducir a la participación del narcotráfico, del naciente paramilitarismo, en connivencia en muchos casos con agentes del Estado", dijo Perdomo en entrevista con el telenoticiero Noticias Caracol.
Según Perdomo, queda claro que los asesinatos sistemáticos fueron parte de "un plan de la unión de diferentes actores con el objetivo de exterminar a un partido político".
La Fiscalía tiene documentados 34 casos de atentados que resultaron en los asesinatos de 104 miembros de la UP (dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes), pero no ha podido precisar la autoría en la mayoría de ellos.
La gravedad de los hechos y el pleno conocimiento del plan sistemático para acabar con la UP hacen que el Estado deba buscar darle categoría de genocidio político ante organismos internacionales, algo que ya habían requerido familiares de las víctimas y sobrevivientes ante el sistema interamericano de justicia.
La UP surgió como parte de un fallido proceso de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Ante la perspectiva de que el actual Gobierno llegue a un acuerdo final de paz con las FARC no se debe descartar el riesgo de un plan similar contra los combatientes desmovilizados que busquen hacer política, advirtió el fiscal.
