Automóviles de lujo, chóferes, guardaespaldas, viajes en aviones particulares, seguro médico privado, cenas en restaurantes de lujo… estos son solo algunos de los privilegios de los que gozan los altos funcionarios públicos de México al día de hoy. Por si fuera poco, en un país en donde la pobreza amenaza a la mitad de la población, los directivos del Estado son los segundos mejor pagados de América Latina.
La iniciativa de reducción de privilegios de Andrés Manuel López Obrador se enmarca en el llamado Plan de Austeridad Republicana, que prevé una reducción sustancial de los gastos corrientes y prerrogativas de los funcionarios públicos, legisladores y trabajadores de justicia para destinar los recursos liberados a la inversión pública y programas sociales. Este conjunto de medidas debería ayudar a recuperar hasta 26.427 millones de dólares.
1. Recorte de directivos
El Proyecto de Nación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) plantea que la próxima Administración opere con el 30% de la estructura de mando actual.
En mayor medida la iniciativa propone reducir las plazas otorgadas a altos ejecutivos y honorarios en las secretarías (ministerios). Así, no se permitirá nombrar a más de cinco asesores por secretaría.
Además, una vez llegado al poder, el nuevo Ejecutivo promete lanzar una revisión de las entidades de gobernanza y afiliadas para suprimir todas las estructuras y programas duplicados. López Obrador ha adelantado que no utilizará el Estado Mayor Presidencial, cuyas funciones serán trasladadas a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2. Reducir salarios de los funcionarios públicos
El futuro presidente ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones. López Obrador anunció que tendrá un salario de 108.000 pesos (unos 5.770 dólares) al mes, lo que supone el 40% del salario del actual mandatario.
Artículo relacionado: Los puntos clave de la carta de López Obrador a Trump sobre el nuevo México
Se bajarán a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos (unos 53.450 dólares) anuales. Así, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciben, de promedio, un salario mensual de 650.000 pesos (casi 35.000 dólares). En el caso de los senadores el salarios es de 165.000 pesos (8.700 dólares) mensuales y en el de los diputados 120.000 pesos (cerca de 6.300 dólares).
Con estas medidas debería ahorrarse el 50% del gasto actual.
Además, se suprimirá la práctica de asignar bonos. El salario será totalmente integral, según marca la Constitución del país.
El plan de reducción de salarios asignados por el Gobierno afectará no solo a los funcionarios públicos en servicio, sino también a los expresidentes de México y el personal a su servicio. Según Andrés Manuel López Obrador, se cancelará la pensión de 5 millones de pesos (unos 267.600 dólares) que mensualmente asigna el Estado a disposición de los gastos de los exmandatarios.
3. Quitar privilegios a funcionarios públicos
En el Proyecto de Nación de Morena se prevé la eliminación del seguro privado para los funcionarios que al día de hoy se paga con recursos públicos. Y es que todos los empleados del Gobierno cuentan con la atención del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo servicio también es pagado por los contribuyentes. Esto supone para el Estado un pago doble por el mismo servicio.
Además, López Obrador ha prometido que los trabajadores del Estado ya no van a recibir dinero público para reembolsar sus gastos en combustible.
Primer discurso de López Obrador: "Nada por la fuerza, todo por la razón"
La misma práctica se aplicará a los secretarios particulares, cuyos sueldos serán pagados solo para los ministros o equivalentes.
El Estado tampoco correrá con los gastos en chóferes particulares, que serán asignados solo a los ministros y viceministros. Además se pretende vender toda la flotilla de helicópteros y aviones a disposición del Gobierno federal excepto los que se usan en tareas de rescate y seguridad. Entre las aeronaves en venta se encuentra el moderno Boeing Dreamliner 787-8 presidencial comprado por el actual Gobierno por una suma de 220 millones de dólares. El próximo mandatario dice que viajará en aerolíneas comerciales.
A ningún funcionario público excepto a los encargados de la seguridad se le asignarán guardaespaldas pagados con fondos públicos. Actualmente todos los secretarios, subsecretarios y algunos directores cuentan con la protección de militares o policías federales.
La iniciativa cuenta con recortar privilegios menores de algunos funcionarios de alto nivel como cerrar calles o estacionar sus autos en lugares indebidos.
4. Ahorros en gastos corrientes
La Administración federal buscará mejorar las condiciones de mercado para la adquisición de materias primas y suministros. Así, se detalla que se prevé ahorrar en materia de servicios para el Estado. Esta iniciativa abarca desde el uso racional de la electricidad hasta la compra de vestuario y uniformes. Según López Obrador, se reducirá el gasto público en comunicación social, que será sustituido "por un principio de justicia social". Además, las convenciones y congresos auspiciados por el Estado tendrán que ser más austeros.
Según el programa, no se comprarán vehículos ni ordenadores nuevos para los funcionarios sin necesidad. Esta era una práctica habitual que se realizaba en el inicio del mandato de todas las Administraciones del país.
Tampoco serán desembolsados los gastos de funcionarios en aviones y helicópteros privados. Los gastos en viajes y pasajes serán reducidos a la mitad, lo que según los cálculos de Morena supondrá un ahorro de 9.351 millones de pesos (unos 500 millones de dólares) anuales.
Se cancelan además las comidas, cenas o viajes pagados por los contribuyentes mexicanos. Algo que también desaparece es el gasto en ropa, ceremonias y protocolos para el presidente y su familia. Las arcas públicas no correrán con los gastos en telefonía móvil, privilegio del que hoy gozan todos senadores y diputados federales.
Tampoco serán asignados los bonos festivos como, por ejemplo, el Día del padre o de la madre, así como festejos navideños o de Fin de año.
5. Combate a la corrupción institucionalizada
Una vez más, el programa de Andrés Manuel López Obrador comenzará por la propia figura presidencial en lo que respecta al combate a la corrupción. En particular, se promete reformar el Artículo 108 de la Constitución de México para que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y corrupción.
Le siguen los funcionarios públicos, que deberán presentar su declaración de bienes patrimoniales. Además, se les prohibirá contratar familiares o recibir regalos por un valor de más de 5.000 pesos (aproximadamente 267 dólares).
Más: Lucha anticorrupción centra estrategia de López Obrador por Presidencia de México
Por último, a los funcionarios se les prohibirá también dar trabajo en su domicilio a trabajadores del Estado.