"Me llena de mucha satisfacción saber que nuestra Comisión está en la mira de todos los ciudadanos sin exclusión alguna porque es el baluarte de la defensa de los derechos humanos", declaró Arosemena a la prensa al ser consultada sobre el anuncio de Correa de solicitar medidas de protección a la CIDH por considerar que están vulnerando sus derechos al vincularlo con el secuestro del político opositor Fernando Balda en 2012.
Aunque aún no se ha concretado la solicitud, los abogados del exmandatario señalaron días atrás que están estudiando la petición de medidas cautelares por considerar que el proceso contra el exgobernante está relacionado con una persecución política y tiene el pleno objetivo de alejarlo de la vida pública.
En una de sus declaraciones, en 2014, el exmandatario calificó al organismo "del basurero de toda la basura de la oposición del país".
El 23 de julio, la justicia negó el recurso de apelación presentado por el expresidente para que se revea la orden de prisión preventiva que pesa en su contra, y que le fue impuesta luego de que incumpliera la primera medida cautelar de presentarse cada 15 días ante las cortes nacionales.
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Correa está vinculado al caso Balda desde el 18 de junio pasado, cuando la magistrada Daniela Camacho encontró elementos suficientes para considerar que el exjefe de Estado sí tuvo un nivel de participación en el intento de secuestro del político.
El exlegislador opositor se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.
Radio: Justicia ratificó prisión preventiva contra Rafael Correa
Para el próximo 31 de julio está prevista la audiencia preparatoria a juicio en la que se definirá si el exmandatario y cinco personas más serán procesadas o no por el delito.
