"Ha sido una reunión útil e importante, y sobre todo muy oportuna; separar a los niños y a las niñas de sus padres es una acción cruel e inhumana, todos quienes estamos aquí coincidimos en ello", dijo Videgaray en un mensaje a medios de comunicación, a nombre de los cancilleres de la región, difundido por su oficina en México.
El canciller indicó que no son solo los casi 3.000 niños que fueron recientemente separados de sus padres al ingresar a EEUU entre mayo y el 20 de junio de ese año, "sino también hay ahí más de 10.000 niños que fueron separados de sus padres antes de emprender el viaje" a ese país, en referencia a menores de edad que emigran solos a EEUU.
Videgaray dijo que esos menores no acompañados "recorrieron un camino peligroso, un camino extraordinariamente difícil y, como aún no se logra la reunificación familiar de ellos, muchos de ellos llevan años en albergues de los EEUU", aseguró.
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El diplomático agradeció a la secretaria de Seguridad Interior de EEUU, Kirstjen Nielsen, "por la claridad de objetivos y la coincidencia que tenemos en este tema fundamental".
Esos niños, niñas y adolescentes "deben tener, como lo ha reiterado ya la secretaria Nielsen, el mismo grado de prioridad que tienen los niños que fueron recientemente separados", enfatizó Videgaray.
Complejidad jurídica y operativa
La posición de los cancilleres de la región es que se trata de un tema complejo en lo jurídico y lo operativo.
"Es un tema que tiene en lo jurídico y en lo operativo dificultades diversas que fueron discutidas hoy ampliamente, pero compartimos un propósito, el propósito de que los niños y las niñas estén lo más pronto posible con sus familias", añadió el alto funcionario mexicano en su mensaje.
Los representantes de los cinco gobiernos se comprometieron a trabajar juntos para lograr la pronta reunificación de todos los menores con sus familias, y emprender acciones contra los traficantes de personas.
"Abordamos también el tema de poner énfasis y acciones completas en quienes son en gran medida responsables de este fenómeno inaceptable: las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas", prosiguió Videgaray.
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En México esas bandas de traficantes de migrantes son conocidos como "polleros" o "coyotes".
"Los 'polleros' son criminales que difunden información incorrecta, que invitan a familias enteras a realizar un viaje peligroso y que abusan de ellos para lucrar de manera absolutamente ilegal", denunció el canciller.
El objetivo de la campaña es "asegurar que quienes tienen la intención de hacer el viaje o emigrar conozcan realmente lo que ocurre, cuál es la realidad y cuáles son las opciones que tienen sin tener que violar la ley y sin tener que incurrir en el grave peligro que esto implica", explicó el ministro.
En segundo lugar, se emprenderán medidas diversas "que van desde compartir acciones e inteligencia, hasta operativos integrales para atacar este cáncer que son las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas, incluyendo la trata" de personas.
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A finales del mes de agosto o principios de septiembre los gobiernos de esos países celebrarán la segunda edición de la Conferencia Sobre Seguridad y Prosperidad.
La reunión fue convocada para para la definición de estrategias conjuntas en materia migratoria, tráfico ilícito de migrantes y seguridad regional, a fin de "construir una región próspera, segura y estable", además de establecer las "causas estructurales y multidimensionales de la migración".
En abril pasado, EEUU comenzó a implementar la política migratoria de tolerancia cero, que consiste en que las autoridades fronterizas llevan ante la justicia a inmigrantes indocumentados, fundamentalmente centroamericanos, separándolos de sus hijos, que son alojados en recintos divididos a modo de jaulas.
Ante las fuertes críticas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump firmó el 20 de junio pasado una orden ejecutiva que puso fin a la separación de menores en forma provisoria.
El 10 de julio un puñado de niños menores de cinco años fueron reunificados por sus padres luego de que un juez federal se lo ordenara al Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a 30 días.
