"Tengo miedo de que me puedan deportar y separarme de mis hijos, y por eso estoy aquí peleando para que haya una solución permanente antes de que termine el año", dijo Karina Ruiz, de 33 años, quien llegó a la capital del país desde el estado de Arizona (oeste).
Ruiz es una de las beneficiarias del programa DACA (siglas en inglés de Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que otorga estatus legal provisorio a cerca de 800.000 jóvenes que entraron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
Ruiz llegó al país con sus padres hace 18 años y está protegida por el programa hasta enero de 2019.
"Aunque pueda parecer que falta todavía un año, la realidad es que el tiempo se va volando y estos congresistas, estos políticos, no hacen nada", señaló, y recordó que el proyecto de ley para dar un estatus legal a los jóvenes indocumentados, llamado Dream Act, fue presentado en 2001 y luego otra vez en 2011, sin que aún se haya aprobado.
Ruiz era un de miles de manifestantes de todo el país que se congregaron el 6 de diciembre frente al Congreso para exigir a los legisladores que incluyan la Dream Act en el presupuesto federal (que debería acordarse el viernes próximo).
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Trump estableció el pasado 5 de septiembre el fin del programa DACA a partir de marzo del 2018, fecha para la cual el Congreso debería haber arribado a una solución para los beneficiarios.
La movilización convocó a miles de "dreamers" (soñadores, nombre con el que se conoce a los jóvenes beneficiarios del programa) y de sectores aliados.
"Si no adoptan una solución ahora, tendríamos que esperar hasta marzo, que es el límite, y ya entonces puede ser imposible, y podrían pasar cuatro o cinco años más para que se pueda aprobar una legislación así", dijo a Sputnik otra joven madre beneficiaria, de 31 años, Diana Sánchez, presente en la protesta junto a su hija Isabela, de ocho años.
Sánchez llegó con tan solo cuatro años a Estados Unidos y vive desde entonces en Yonkers, ciudad del estado de Nueva York (este), donde ha podido trabajar legalmente gracias al DACA.
A la "soñadora" Alejandra Salinas, de 23 años y también presente en la marcha, le quedan 390 días bajo la protección del programa migratorio.
"No es humano que uno tenga que estar esperando y llevando la cuenta de hasta cuándo puede estar protegido", dijo la joven a Sputnik, y enfatizó luego que Estados Unidos es su "país".
Los padres de Salinas entraron a Estados Unidos desde México cuando ella tenía apenas un año, por lo que la joven se considera "mexicana-estadounidense" aunque no tenga "papeles" que lo avalen.
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"Mi sueño es ver la liberación también para mi papás, para los demás, si todos no son libres, yo no soy libre; es un cambio que necesitamos para todo el país, y la mayoría de los estadounidenses lo quieren", concluyó Salinas, quien teme que sus familiares sean deportados.
Los congresistas republicanos consideran lograr un acuerdo temporal hasta enero con respecto al presupuesto de gastos para evitar un cierre del Gobierno, lo que podría demorar el abordaje de la ley que piden los "dreamers".
