"Está en las raíces históricas del fujimorismo el querer negar las responsabilidades de los actores estatales en el Conflicto Armado Interno", indicó a esta agencia Soberón, director y fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Durante la "guerra contra el terrorismo", para el Estado, o "Revolución peruana", para la guerrilla, se cometieron graves crímenes, como asesinatos, torturas, secuestros y violaciones, tanto por los grupos insurgentes como por las Fuerzas Armadas y la Policía, dejando casi 70.000 fallecidos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
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Sus conclusiones fueron plasmadas en un informe extenso publicado en 2003.
Sin embargo, actualmente el informe de la CVR está siendo duramente cuestionado y combatido por Fuerza Popular, partido con fuerte poder en el Congreso legislativo, donde goza de una amplia mayoría.
"La tergiversación de la historia debe ser rechazada, debemos velar porque se respete la verdad de la memoria histórica para que no se repitan los crímenes del pasado", afirmó Soberón.
El director de Aprodeh criticó los esfuerzos del fujimorismo para negar el papel de algunos miembros de las Fuerzas Armadas durante el conflicto, así como las acciones de grupos paramilitares auspiciados por el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
"El fujimorismo insiste en llamar "excesos" o "errores" a las violaciones de los derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas durante el Conflicto Armado Interno, porque se quiere desconocer esa parte de la historia y también lo que hicieron grupos paramilitares como el Grupo Colina", dijo Soberón.
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El Grupo Colina fue un comando paramilitar que operó durante el Gobierno de Fujimori, autorizado por el entonces presidente, y que perpetró matanzas de civiles en las zonas de Barrios Altos y La Cantuta, a inicios de los 90.
Estas matanzas, consideradas crímenes de lesa humanidad, llevaron a la cárcel a Fujimori con una condena de 25 años en 2007, al considerársele autor mediato.
Memoria en disputa
Este sería, a consideración de Soberón, un intento de contar una historia "favorable a los intereses del fujimorismo", que tiene un flanco político débil en los crímenes cometidos por las fuerzas estatales durante el Gobierno de Fujimori, además de procesos judiciales pendientes.
Galarreta detalló que "el parque de la memoria" se construiría para reivindicar el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la defensa del Estado.
El legislador también aseguró entonces que la CVR no consultó a los miembros de las Fuerzas Armadas a la hora de elaborar su informe.
"Eso es totalmente falso; el señor Galarreta es ignorante, pues no ha revisado el informe y no sabe que la CVR tuvo diferentes sesiones de trabajo con miembros de las Fuerzas Armadas en los distintos periodos de la violencia", respondió Soberón.
En las sesiones de elaboración de estos textos, fue notoria la presencia de miembros del fujimorismo o aliados suyos.
Sputnik buscó un pronunciamiento al Ministerio de Educación de Perú (Minedu) sobre esta denuncia, pero no recibió respuesta; el Minedu no se ha pronunciado al respecto en modo alguno.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene como tarea enfrentar los intentos del fujimorismo de "cambiar la historia", sostuvo Soberón.
"Si Vizcarra cede [a los intereses del fujimorismo], habrá que esperar un nuevo Gobierno democrático para volver las cosas a su nivel", afirmó el activista.
El director de Aprodeh advirtió que ello podría suponer un retroceso de todo lo que avanzó Perú para lograr una reconciliación luego de uno los periodos más oscuros de su historia.
