"Los hechos descritos en la querella no sustentan la comisión de ilícito penal alguno", señala el auto del archivo, dado a conocer este 18 de junio por el Tribunal Supremo.
En su querella, el presidente catalán afirma que la actuación de Rajoy no tuvo base legal alguna porque, al negarse a formalizar el nombramiento de un nuevo Gobierno, este se estaba extralimitando en el uso de las funciones que le otorgó el artículo 155 de la Constitución respecto a Cataluña.
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El artículo 155 de la Constitución fue el arma legal utilizada por Rajoy —con el apoyo del Senado y de buena parte de los partidos políticos a nivel nacional— para intervenir las instituciones catalanas tras la declaración de independencia del 27 de octubre.
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En virtud del 155, el Gobierno de Rajoy asumió las competencias del Gobierno autonómico de Cataluña, al que cesó para convocar unas elecciones que se celebraron el 21 de diciembre resultando de nuevo ganadora la opción independentista.
Sin embargo, la conformación del Ejecutivo no se podía materializar formalmente hasta que el DOGC —que quedó en manos de Rajoy— publicara los nombramientos, lo que dio al Gobierno de España la posibilidad de mantener un pulso político con Torra respecto a la composición de su gabinete para evitar el nombramiento de consejeros que tuvieran causas judiciales abiertas por participar en el proceso independentista.
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El auto recoge la posición de la Fiscalía, que reclamó el archivo de la querella alegando que las facultades conferidas en virtud del artículo 155 de la Constitución al Gobierno de la nación "implican otorgarle la realización de un juicio de valor acerca de si la resolución de la Generalitat que se analiza es contraria a dicho ordenamiento, y si ello así se considera, puede y debe oponerse a la publicación de dicha resolución".
