"Se ha hecho como aldabonazo y símbolo para que Europa tome cartas en el asunto", dijo en rueda de prensa Isabel Celaá, portavoz del Gobierno de España.
El 11 de junio, el Gobierno de España decidió permitir la entrada del barco Aquarius al puerto de Valencia después de que Italia y Malta le cerrasen las puertas a sus instalaciones portuarias durante el fin de semana.
A bordo del barco —perteneciente a la ONG francesa Sos Méditerranée y a Médicos Sin Fronteras— se encuentran 629 migrantes rescatados en el Mediterráneo, algunos de ellos en situación de especial vulnerabilidad física.
Más: Malas condiciones climáticas retrasan la llegada del Aquarius a Valencia
En concreto, en el barco se encuentran 123 menores no acompañados, decenas personas con quemaduras químicas por el contacto entre el agua salada y la gasolina de la nave en la que partieron desde Libia, seis mujeres embarazadas y varias personas con síntomas de hipotermia, además de otras que presentan distintas heridas sufridas durante su travesía hasta Europa.
Una vez arriben a puerto, los migrantes recibirán "toda la asistencia que sea menester".
Tras recibir asistencia sanitaria, se procederá a su identificación y "se estudiará cada caso de manera individualizada, con especial atención a los menores y las mujeres embarazadas que vienen en el barco", subrayó Celaá.
"Todo el mundo conocerá si tiene estatuto de refugiado, si es refugiado económico o si tiene delitos que le hacen acreedor a ser expulsado", añadió la portavoz del Gobierno.
"Cuando se vive de manera muy pobre y sin recursos económicos en un país, las personas cruzan el mar para poder vivir mejor", afirmó antes de apuntar que "no existe un efecto llamada hoy en día".
En caso de haberlo, reflexionó, este reside en las diferencias económicas entre países y no en los gestos humanitarios hacia aquellos que se lanzaron al mar para intentar mejorar su nivel de vida.
En ese sentido, recordó que el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra elaborando un informe para analizar la posibilidad de retirar las concertinas instaladas en la valla fronteriza con Marruecos.
Las concertinas son unos alambres equipados con cuchillas cortantes que se instalaron coronando las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, enclaves españoles situados en el norte de África.
Estas cuchillas provocan cada año numerosos heridos en los migrantes que tratan de saltar la valla.
"Este Gobierno quiere remover las concertinas sin perder seguridad" porque "se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herir a las personas", afirmó Celaá.
En cuanto a la presión migratoria en Ceuta y Melilla, la portavoz del Gobierno español llamó a la Unión Europea a no olvidar que, pese a estar en el norte de África, esos territorios forman parte del club comunitario, por lo que deben ser uno de los puntos a tratar dentro de la elaboración de la política migratoria comunitaria.