Ha habido "poco liderazgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), como del mismo presidente de la República, que debió ponerse al frente de la crisis y tratar de gestionarla, pero ha estado ausente y esto se refleja con una débil respuesta institucional de parte del Estado", afirmó Blanco del partido de centro-izquierda Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El 12 de junio en el Congreso, diputados de la bancada UNE, encabezados por Blanco, interpelaron a funcionarios de los Ministerios de Desarrollo, de Salud, de Educación, del Instituto Nacional de Sismología, de la Conred, entre otras dependencias, sobre las acciones implementadas por la erupción.
Al respecto, Blanco indicó que las explicaciones de las autoridades fueron insatisfactorias.
El diputado afirmó que "a pesar de que Guatemala es reconocido como uno de los cuatro países con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, la institucionalidad encargada de mitigar los impactos de desastres naturales, como el de la erupción del volcán, reaccionó tardíamente y sigue actuando de manera ineficaz".
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El diputado de la UNE añadió que pese a que el Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología hizo el reporte de la erupción el mismo día, "la Conred, que era el encargado de activar la alerta, lo hizo una hora y media después del desastre".
Además, agregó, "los niveles de respuesta han sido muy precarios, desordenados y altamente ineficientes en el marco de direccionar la ayuda adecuada para la gente".
El Gobierno de Guatemala recién activó el protocolo de llamamiento internacional para recibir ayuda cuatro días después de la tragedia.
Por ese motivo recibió críticas, ya que hubo casos, previos a activar el protocolo, como el del sacerdote salvadoreño Edwin Baños que denunció en Twitter que cuatro camiones cargados con 15 toneladas de víveres y ropa, que enviaba a los damnificados, fueron retenidos en la frontera porque no tenían autorización del Gobierno para ingresar.
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Las tareas de búsqueda se abandonaron oficialmente la semana pasada, y fueron los propios afectados los que continuaron buscando durante el fin de semana a sus seres queridos en una zona que quedó sepultada por lodos volcánicos.
Las tareas de rescate fueron retomadas el lunes por pobladores, rescatistas internacionales y personal del Estado.
Blanco afirmó que, a diferencia de las autoridades del Poder Ejecutivo, el Congreso ha actuado rápidamente ante el desastre y puso como ejemplo que a las 24 horas de la erupción el parlamento había declarado un estado de calamidad para intentar accionar la respuesta del Gobierno.
Además, el Congreso se aprestaba el 12 de junio a aprobar una asignación presupuestaria especial de unos 70 millones de dólares para atender la emergencia provocada por la erupción del volcán, indicó el diputado.
La del domingo, 10 de junio, fue la segunda erupción del volcán en lo que va de 2018, fue la más fuerte registrada en esa montaña en los últimos años, según la Conred.
