"Es un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe (…) incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones", escribió la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el prefacio del acuerdo.
En Colombia un activista es asesinado cada dos días, mientras que la Amazonía brasileña es la región donde se comete el mayor número de homicidios de este tipo por año.
Este problema está siendo dimensionado lentamente por los gobiernos, gracias al trabajo de las organizaciones sociales para hacer evidente que no se trata de asesinatos aislados.
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Esto llevó a que el pasado 4 de marzo, 24 países firmaran el primer tratado regional jurídicamente vinculante que impone a los gobiernos obligaciones específicas para proteger a los defensores de derechos humanos medioambientales.
Brasil y Colombia son los dos países en los que dedicarse al activismo ambiental implica estar más cerca de la muerte, seguidos por México, Perú y Honduras.
"La falta de justicia en este caso (el asesinato en 2016 de Berta Cáceres) continúa enviando un mensaje desalentador que los y las defensoras de los derechos humanos pueden ser asesinados y que no habrá consecuencias", dijo Amnistía Internacional en una carta abierta a dirigida a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Según una investigación publicada en febrero de 2018 por Global Witness en alianza con el diario británico The Guardian, durante 2017 América Latina mantuvo el primer lugar en el ranking de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente.
El estudio muestra que la agroindustria es el negocio con el que más se relaciona el asesinato de activistas, superando incluso a la minería, y juntas representan el 60% de los ámbitos relacionados con estos asesinatos.
Colombia, la paz y los activistas
En Colombia, cada dos días es asesinado un líder social, indígena o ambiental: en 2017 fueron 173 activistas asesinados y en lo que va de 2018 la cifra ya supera los 29.
Los asesinatos llegaron a un máximo histórico tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la ahora desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esto se debe a que las áreas que antes estaban bajo control de la FARC, ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y grupos paramilitares, mientras que las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante medio siglo de conflicto.
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Uno de los hechos de violencia más recientes ocurrió el 2 de febrero en una zona limítrofe entre los departamento de Risaralda (centro-occidente) y Chocó (noroeste), donde fue asesinada la dirigente afrodescendiente Yolanda Maturana por varios hombres encapuchados que irrumpieron en su casa.
En mayo de este año fueron asesinados Luis Alberto Torres y George Pérez, quienes se dedicaban a la extracción de oro del río Cauca de manera artesanal y estaban en contra de la construcción de la polémica represa Hidroituango, en el centro-norte del país.
Amazonía brasileña y muerte
Nueve de cada 10 de estas muertes se cometen en los estados de la Amazonía.
El caso más emblemático fue el del líder ecologista Paulo Sérgio Almeida Nascimento, de 47 años, uno de los representantes de la Asociación de Caboclos, Indígenas y Quilombolas de la Amazonía, quien desde 2017 pedía explicaciones al ayuntamiento de Barcarena estado de Pará (norte) sobre unas balsas de residuos mineros construidas por la empresa noruega Hydro.
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En febrero de este año unas fuertes lluvias inundaron la zona y las balsas se desbordaron, llenando de residuos tóxicos de bauxita toda la región.
Almeida fue asesinado a tiros el 12 de marzo 4 en Barcarena, en medio de toda la polémica por la negligencia de la empresa, y testigos aseguraron que el coche del que salieron los disparos fue escoltado por otro vehículo de la Policía Militar.
El Estado mexicano y el asesinato de activistas
El Estado es señalado como principal responsable en el Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017, publicado el 5 de marzo de 2018 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En enero de este año, el reconocido activista Isidro Baldenegro López fue asesinado mientras visitaba a su familia en el norte de México.
"De julio de 2016 a diciembre de 2017, se produjeron en México 88 casos de ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales", indica el Cemda.
Estos ataques afectaron a 240 personas, a 10 organizaciones y a 30 comunidades campesinas o indígenas.
En el 36% de los casos se señaló que el Estado fue responsable.
El informe de Cemda concluye que la situación de riesgo y amenaza es una constante cada vez más preocupante y el Estado no está tomando las acciones necesarias.
Secuestros, indígenas y minería en Venezuela
El activista denunció el hecho a la fiscalía, pero hasta el momento se desconoce la marcha de la investigación.
Otro caso reconocido fue el del indígena Lusbi Portillo, que se dedica a la defensa de los ecosistemas de los pueblos yuka y wayúu en la Sierra de Perijá (noreste), quien denunció ante la fiscalía numerosas amenazas de muerte.
Perú y Paraguay
Amnistía Internacional constató que en Paraguay y Perú existe un patrón para silenciar a los ecologistas.
En Perú se redujo la cantidad de asesinatos de ambientalistas: fueron 12 en 2015 y dos en 2016, según Global Witness.
El 30 de diciembre de 2017, el ambientalista peruano José Napoleón Tarrillo fue asesinado por cuatro personas que ingresaron a su vivienda en el caserío de El Mirador, en el departamento de Lambayeque (norte).
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El 1 de setiembre de 2017 seis líderes de la etnia amazónica shipiba fueron asesinados con disparos en la cabeza en el caserío Rayal, departamento de Ucayali (centro).
Los asesinatos fueron perpetrados por viejas pugnas por el negocio de la madera entre comunidades originarias y extractores forasteros.
También Chile
Carabineros (policía militarizada) y el Servicio Médico Legal de Chile determinaron que la causa de muerte fue suicidio, pero su familia no aceptó esa versión y comenzó una investigación privada que llevó a desmentir el informe forense y forzó a la fiscalía a reabrir la investigación.
Está previsto que los 33 países de América Latina y el Caribe que asistan a la apertura del debate anual de la Asamblea General de Naciones Unidas ratifiquen el acuerdo en Nueva York el próximo 27 de septiembre.
