Presos uruguayos reclaman por su derecho a estudiar

En diciembre de 2017 Uruguay tenía 10.241 personas privadas de libertad, de ellas estudiaban sólo 2.181 (21,3%). Según el informe 2017 del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, la cobertura educativa es "totalmente insuficiente", los programas y actividades "son inadecuadas para el contexto etario y social de la población", y existe una cantidad "alarmante" de analfabetos.

Los que viven en carne propia esa realidad desde hace mucho vienen denunciando la situación como y ante quien pueden, pero el jueves 31 de mayo lo hicieron públicamente y ante más de 150 personas.

En ese sentido, Daniela González, también exponente, habló sobre la necesidad de concebir la educación como un derecho y no como un beneficio que quienes están presos se deben ganar.

Si es "un derecho que todo ciudadano tiene, también es nuestro. [Hoy lo] gritamos bien fuerte porque el estudio reforma […] y cuando el estudiante le exige a la gente a cargo de nuestros permisos, a un juez, a los directores, está reclamando, como cualquier persona, su oportunidad de poder transformar su realidad o futuro. […] Para la gente que realmente quiere retomar su vida desde otro ámbito esto es muy importante", agregó.

González, que está recluida en la cárcel N°5 en Colón, Montevideo, recién en 2018 pudo empezar a estudiar la carrera que quería porque en 2017 no tenía posibilidad.

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Óscar Castro, articulador nacional de la carrera Educación Social en el Consejo de Formación en Educación uruguayo que también integró la mesa, señaló que prima "la idea de que los presos están de vivos y estudian para achicar sus penas", dijo en alusión a la Ley de Libertad Provisional y Anticipada, que desde 2005 estipula la redención de pena por trabajo o estudio.

"Creo que todos los que hemos estudiado algo hemos estado pensando en un beneficio secundario, que tiene que ver con lograr un mejor estatus, un mejor empleo, entonces ¿por qué negarle a alguien que está en una situación en particular que a partir del estudio tenga algún beneficio?", preguntó.

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El estudiante de Educación Social Adrián Baraldo, que está privado de libertad en la cárcel N°6 agregó que "los programas [educativos] que se aplican son los mismos que los de la población general", y no tienen en cuenta el "conocimiento y transmisión [cultural] que se da en la cárcel": "el lenguaje carcelario […] esto de naturalizar y entender que si estoy preso soy un preso", explicó.

"En ese traslado de conocimiento a un gurí [joven] de 20 años que cometió un error […] y que se encuentra con personas que tienen todo eso naturalizado, adquieren ese conocimiento de violencia, cultura, lenguaje e historia de la cárcel" sin cuestionarlo, agregó.

En el informe del comisionado se señala que "no existe una preparación pedagógica para los docentes que se vuelcan a una población singular: privada de libertad, en contextos poco favorables y con edades y niveles de preparación muy diversos".

Por eso, dijo Baraldo, es necesario pensar cómo estimular y captar a una población que tiene naturalizado un lenguaje y cultura que difiere de la institucional. Para dar cuenta de ello, el estudiante citó a la directora del Centro Universitario San Martín, Argentina, Gabriela Salvini, que entrevistada por el periódico uruguayo La diaria explicó: "Hay que desarmar al sujeto para encontrar el modo de entrar y ver qué cosa le gusta y desde ahí empezar a construir. […] es un proceso artesanal y hay que hacerlo cuerpo a cuerpo, cara a cara".

"Varios me han dicho que leer y escribir sirve para el futuro" es una frase dicha al comisionado por un interno de la prisión más grande de Uruguay (la N°4, Comcar, que recluye a unas 3.500 personas) con la que se inaugura el mencionado informe y da cuenta de la problemática.

Hay "cientos y cientos de analfabetos en las cárceles y limitadas respuestas para su situación (más allá de los aumentos de cobertura en comparación con años anteriores)", se lee en el citado informe. También se aclara que el Instituto Nacional de Rehabilitación (a cargo del sistema penitenciario uruguayo), no sabe cuántos analfabetos o "semianalfabetos" están recluidos.

"En algunas unidades se nos dijo que se estiman en el 10%, en otras en el 20%. Su cuantificación no es fácil, pero todo indica que no menos del 10% de la población penitenciaria es analfabeta", aclaró el comisionado.

En otras palabras, plantea que "una parte importante del total de analfabetos o semianalfabetos que hay en el país están en el sistema penitenciario".

"No saber leer y escribir o hacer cuentas es una carencia que compromete la relación con los demás, empobrece el universo simbólico, anula las posibilidades laborales y de reinserción social", escribió el comisionado. "Las horas docentes existentes para hacer frente a esta realidad son insuficientes", concluyó.

"En el sistema penitenciario no hay ningún tratamiento que ayude a alguien, cualquier persona que entre con una adicción va a salir peor. Pienso que justamente ahí es donde hay que hincarle el diente, porque es imposible a un enfermo o adicto a la pasta base que lo hagamos hacer estudiar o trabajar", argumentó.

Si bien en el primer trimestre de 2018 el número de personas presas en Uruguay se redujo, en los últimos años la cifra promedio fue de más de 10.000. Esto significa que en un país de tres millones y medio de habitantes, hay una tasa de prisionalización de 321 cada 100.000 habitantes, cifra que coloca al país en el puesto 28 de un total de 222.

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Uruguay es así uno de los países de América Latina que tiene más presos, muy por encima de otros países del continente como Perú (267 presos cada 100.000), Chile (229), Colombia (226), Paraguay (180), México (169) o Argentina (167).