"Nadie ha perdido ni ha ganado todavía, el proceso continúa y vamos a continuar la lucha para lograr una condena que determine responsabilidades y fije una indemnización justa", dijo el abogado de los demandantes, todos vecinos de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz.
Goni, como se conoce popularmente al exmandatario, renunció el 17 de octubre de 2003 y se refugió en EEUU, donde ha logrado evadir hasta ahora su extradición a Bolivia, pero no ha podido evitar un juicio civil presentado en ese país por los familiares de las víctimas del llamado "octubre negro".
Tras una década de juicio civil, un jurado dictaminó el 3 de abril pasado que Goni y su exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, eran culpables de la masacre y debían pagar una indemnización de 10 millones de dólares, pero el juez James Cohn de Florida anuló el miércoles ese fallo unánime por supuesta falta de evidencias.
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La decisión del juez fue criticada duramente por los demandantes y por el Gobierno de Evo Morales, mientras el expresidente Carlos Mesa —quien era vicepresidente de Goni y lo sucedió en octubre de 2003- y el resto de la oposición conservadora guardaban silencio.
Horas antes, el miércoles de noche, el presidente Morales condenó en un tuit el fallo favorable al expresidente y su exministro: "Exigimos a EEUU (que) deje de proteger a esos genocidas", dijo.
El abogado Decker consideró "un gran error" el argumento del juez Cohen de que los demandantes no pudieron demostrar que Sánchez de Lozada tenía un plan para cometer la masacre de 2003.
"Ninguna ley de EEUU o internacional exige ese requisito de demostrar un plan, porque una ejecución extrajudicial puede ser decidida en el momento, sin necesidad de planificación", afirmó.
Decker consideró a la anulación del fallo del jurado como "un obstáculo en un proceso que continúa" y pidió a los demandantes, casi todos de condición humilde, que mantengan la unidad y confíen en el resultado final del proceso, que podría llegar hasta la Corte Suprema estadounidense y durar hasta tres años más.
Tras la caída de Sánchez de Lozada, la presidencia boliviana fue asumida por su vicepresidente, Carlos Mesa, quien renunció en 2005 antes de completar su período dando paso a una transición que culminó con la asunción de Evo Morales en enero de 2006.
