"A los expresidentes de la República les son conferidos derechos y prerrogativas (y no beneficios) derivados del ejercicio del más alto cargo de la República y que no encuentran ninguna limitación legal", escribió en su decisión el juez André Nabarrete Neto, del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región.
La justicia de segunda instancia derribó así la decisión del juez Haroldo Nader, que el pasado 17 de mayo ordenó el retiro inmediato de los servicios a los que tiene derecho Lula, por considerar que como está preso y no puede hacer uso de ellos podría haber "desvío de finalidad".
Se trata de cuatro guardaespaldas, dos asesores y dos chóferes (con sus respectivos vehículos) y según la prensa local el salario de cada una de esas personas podría ascender a 13.000 reales (3.500 dólares).
Lula está preso desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (estado de Paraná, sur), donde cumple una pena de 12 años y un mes por delitos de corrupción y lavado de dinero.
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El líder izquierdista es el precandidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones generales de octubre, para las que parte como favorito.
Sin embargo, es poco probable que pueda presentarse, dado que la justicia electoral en Brasil impide que un condenado en segunda instancia pueda concurrir a unos comicios.
