"Los restos de Duran fueron identificados gracias a una labor científica en la que participaron antropólogos y expertos en genética del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes establecieron coincidencias absolutas entre el ADN de los familiares (…) y unas piezas humanas recuperadas en el Cementerio del Sur en Bogotá", indicó la Fiscalía en un comunicado.
Hace 32 años las autoridades señalaron que uno de los cuerpos encontrados en la sede judicial correspondía a Libardo Durán, por lo que fue entregado a su familia y sepultado.
Sin embargo, luego de varias investigaciones y cotejos, "la Fiscalía estableció que esos restos no eran del exfuncionario del F-2, y que en realidad correspondían a Noralba García y Alfonso Jacquin, exintegrantes de M-19 que murieron en el cuarto piso del Palacio de Justicia".
Con esta conclusión, la fiscalía avanzó en la búsqueda del cuerpo de Durán y lo ubicó entre unos restos que fueron exhumados en 1998 en una fosa común del Cementerio del Sur, en Bogotá, los cuales fueron estudiados y analizados por el Grupo de Patología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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La confirmación de los restos de Durán se suma a las identificaciones hechas en los últimos años de seis de los 11 desaparecidos en el Palacio de Justicia.
Los hechos culminaron 27 horas después, luego de que los militares pusieron en marcha el Plan Tricolor; pero en el desarrollo de las operaciones 98 personas murieron, entre ellas 11 magistrados, al tiempo que otras 11 personas fueron dadas por desaparecidas.
Tales eventos son considerados como holocausto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En diciembre de 2014, la Corte IDH condenó al Estado Colombiano por la desaparición de aquellas 11 personas y la retención ilegal y tortura de otros cuatro civiles en el Palacio de Justicia.
Según el organismo internacional, "los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía".
Además, para la Corte IDH quedó probado que "bajo la dirección de funcionarios militares", las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres.
