Según el juez, en ambos casos existe un "riesgo de fuga" y de "reiteración delictiva" que "se potenció con el anuncio del nuevo presidente catalán de que su voluntad es impulsar la república independiente ilegalmente declarada".
Ambos están procesados y privados de libertad de manera preventiva por la presunta comisión de delitos de malversación y rebelión, por los que, de conjugarse una acusación formal, podrían afrontar penas de entre 17 y 33 años de prisión.
El nuevo presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, anunció el 19 de mayo un Ejecutivo en el que los líderes independentistas encarcelados Jordi Turull y Josep Rull están integrados como Consejero de Presidencia y Consejero de Territorio y sostenibilidad, respectivamente.
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El plan de Torra, que pasa por restituir en la medida de lo posible el Ejecutivo previo a la intervención de las instituciones catalanas desde Madrid, despertó el rechazo del Gobierno central, que calificó la composición de su gabinete como un mantenimiento del "desafío" al Estado.
Llarena se apoya en los argumentos de la Sala de apelaciones para afirmar que el riesgo de fuga se ve reforzado por el hecho de que "la estructura organizativa" del independentismo catalán está extendida fuera de España y por el hecho de que algunos de los procesados ya huyeron del territorio nacional.
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El magistrado recuerda en su auto que tanto Rull como Turull formaban parte de una estructura de partidos "secesionistas" que utilizaron su mayoría de escaños en el Parlamento de Cataluña para impulsar un proyecto de independencia que se situaba al margen de la legalidad española.
Ante todo lo anteriormente expuesto, el juez considera que existen indicios más que suficientes para pensar que los dos líderes independentistas volverán a intentar un proceso de ruptura si acceden al Gobierno catalán, por lo que rechaza su puesta en libertad.
