El tribunal considera que, pese a la petición de la Fiscalía de entregar a Puigdemont a España por un delito de rebelión, no aumentó el riesgo de fuga del sujeto, por lo que descarta limitar su libertad deambulatoria de forma preventiva.
Cuando se encontraba en suelo finés, el Tribunal Supremo de España reactivó la orden de detención internacional emitida en su contra, tras lo que el líder independentista intentó volver en coche a Bélgica, país donde se encontraba desde noviembre ante la previsión de que su forma de abordar los procesos de extradición le resultaba más favorable.
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Puigdemont estuvo en prisión desde el momento de su arresto hasta el 5 de abril, fecha en la que el tribunal dictó su libertad provisional tras pronunciarse en contra de un posible envío a España por un delito de rebelión.
El Tribunal Supremo le reclama por la presunta comisión de delitos de rebelión y malversación, por los que, de configurarse finalmente una acusación formal con esas calificaciones, podría afrontar entre 17 y 33 años de prisión.
La Fiscalía General de Schleswig-Holstein se manifestó de forma favorable a la entrega, aunque el Tribunal todavía no tomó ninguna decisión definitiva al respecto.
