Acudieron a la Casa Rosada, la sede de Gobierno, los gobernadores Domingo Peppo, de la provincia de Chaco (norte), Juan Schiaretti, de Córdoba (centro), Gustavo Bordet, de Entre Ríos (noreste), Sergio Uñac, de San Juan (oeste), Juan Manzur, de Tucumán (norte), Rosana Bertone, de Tierra del Fuego (sur), todos representantes del Partido Justicialista.
"Esta es una película que se repite otra vez, es como que ya sabemos cómo se va a ir desarrollando y cuáles son las consecuencias que vamos a sufrir al final del camino: desocupación, recesión, inflación, costos sociales", manifestó a la prensa.
El propio gobernador de Chaco coincidía en que volver al Fondo significaba "volver nuevamente a años difíciles de los que pudimos salir".
Desconfianza
La vuelta al escenario del FMI causa mucho recelo y desconfianza en la sociedad argentina y entre todos los partidos de la oposición.
Una manifestación de sindicalistas y partidos de la oposición convocada el miércoles en apoyo de una ley que aprobó la Cámara de Diputados para retrotraer los aumentos tarifarios a noviembre de 2017 se convirtió en una señal firme de protesta por el regreso del FMI al escenario político local.
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En una encuesta de la consultora D'Alessio IROL-Berensztein realizada el fin de semana pasado, el 75% de los entrevistados rechazaron la decisión del Gobierno de pedir auxilio financiero al FMI.
El organismo multilateral volvió a auditar las cuentas públicas de Argentina por decisión del Gobierno de Macri en 2016.
La administración del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) había cortado en 2006 los lazos con el FMI al abonar en un solo pago un endeudamiento de 9.810 millones de dólares que arrastraba Argentina.
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El recelo que en el país causa el FMI tuvo su origen en la década de los 90.
Mientras tanto, la deuda externa argentina pasó de unos 70.000 millones de dólares a finales de 1990 a más de 140.000 millones de dólares en 2001.
A finales de ese año estalló un descalabro económico y un colapso institucional y social que dejaron a la nación en suspensión de pagos y con la mitad de la población sumida en la pobreza.