Niños inmigrantes de Melilla y Ceuta: arriesgar la vida para llegar a Europa

Sputnik conversó con la española Isabel Lázaro, experta en Derechos del niño y rutas migrantes, sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como "menas"; esos niños que arriesgan todo para cambiar su realidad y llegan a ciudades que los reciben con la convicción de que los tienen que expulsar.

"El Estado español ha encomendado a Ceuta y Melilla el control de la frontera Sur, ahí no se trata bien a los que llegan porque es la mejor manera de disuadir a otros para que no vengan. Esa es la mentalidad que prima, no se mira con ojos de protección al niño, sino de control de fronteras", aseguró la especialista.

En Melilla cientos de niños llegan al antiguo cuartel militar de la Purísima Concepción, donde funciona uno de los Centros de Internamiento de Menores Extranjeros (CIME) que fue adaptado para alojar a unos 170 niños y sin embargo hoy acoge a más de 500.  

"La sobrepoblación realmente es indignante. Están durmiendo de a dos o como pueden en colchonetas en el suelo, sin agua caliente, sin suficiente comida. Por más de 10 años se viene hablando sobre el tema pero no se toman medidas", indicó.

A partir de la década de 1990 España empezó a ver algunas de sus ciudades fronterizas atestadas de niños varones que emigraban con la esperanza de lograr cambiar su realidad social y económica. Tal como le dijo un joven de 15 años a un periodista de laSexta, llegó a Melilla porque "quería estudiar", pero ahora está atascado en la Purísima sin que el Gobierno local y las instituciones estatales lo ayuden a lograr su "autonomía".

"Así como no hay plazas para recibir a los niños, tampoco se trabaja en una protección y educación que conduzca a su autonomía. No los atienden especialistas en protección porque la idea es aguantarlos hasta que lleguen a la mayoría de edad para repatriarlos. Muchos se escapan de los hogares de acogida y hacen la vida de calle, con todo el deterioro personal que eso supone", explicó Lázaro.

Según los relatos de algunos medios españoles como Eldiario.es, en Melilla y Ceuta los niños que deambulan son "carne de agresiones, abusos, enfermedades, peleas y consumo de drogas". Según la experta, "la población es bastante xenófoba y margina a estos chicos", también los vincula con la inseguridad ciudadana, aunque esa relación "no esté acreditada".

Inicialmente se intenta repatriar a estos menores, pero la pertenencia de España a la Convención de los Derechos del Niño fuerza a las autoridades a alojarlos en los CIME. El 5 de marzo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España; un informe que incluyó una lectura lapidaria sobre la situación de los niños inmigrantes y recomendó al país "facilitar el acceso a procedimientos de asilo equitativos y eficientes para los niños necesitados de protección internacional", independientemente de su país de origen.

Ante la preocupación por las condiciones "deficientes de recepción y alojamiento y el descuido y el hacinamiento en los centros de estancia temporal de extranjeros", el Comité pidió establecer, "principalmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y para los niños que llegan por mar a Andalucía, centros de recepción apropiados, dotados de asistencia jurídica especializada, intérpretes con la formación pertinente y servicios adaptados a las necesidades de los niños, y agilizar la tramitación y la transferencia de los niños solicitantes de asilo y sus familias".

Lázaro también se refirió a otra problemática planteada por el Comité: el hecho de que con arreglo a la legislación española, el Fiscal General está facultado para emprender procedimientos para determinar la edad de los niños extranjeros no acompañados. "Si no se trata de un menor, está sometido al mismo tratamiento que se da a los extranjeros que entran irregularmente, y por tanto es posible la expulsión", advirtió la especialista.

Por eso sucede que a pesar de que la persona tenga documentación, se la pone en cuestión porque no se fían de los datos de nacimiento y se realizan procedimientos "intrusivos", a decir del Comité, para aproximarse a la edad.

"Se les conduce a un centro médico y se practican pruebas, según los resultados el fiscal decide si es mayor o menor de edad, muchas veces sin siquiera haber visto al sujeto. La tendencia es clara: se señala la mayoría de edad y por tanto se ejerce el control de la frontera", aseguró Lázaro.

"Esto es un problema gordo", agregó. Sin embargo, no es el único: "Ahora también nos estamos encontrando con mujeres víctimas de trata, ya no son sólo varones".  Según contó, la edad de la trata "se ha ido rebajando", y además de los problemas que implica, "si la chica no se autoidentifica como víctima de trata nadie hace una evaluación adecuada de su situación, por tanto pasan inadvertidas". "Estamos dando un tratamiento que no es protector para las personas en una situación de muy especial vulnerabilidad, sino todo lo contrario", concluyó.