EEUU denuncia "deterioro drástico" de democracia y derechos humanos en Venezuela

"La gobernabilidad democrática y los derechos humanos se deterioraron drásticamente durante el año como resultado de una campaña del gobierno de Maduro para consolidar su poder", se lee en el informe publicado en la web del Departamento de Estado.

El informe establece que entre los problemas más importantes de derechos humanos en Venezuela se encuentran "los asesinatos extrajudiciales perpetrados por las fuerzas de seguridad, incluidos los 'colectivos' patrocinados por el Gobierno, tortura por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida, detenciones arbitrarias generalizadas y prisioneros políticos".

Respecto al deterioro de la gobernabilidad democrática, el Departamento de Estado sostiene que si bien Venezuela es formalmente una República constitucional multipartidista, "durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido con un Ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre las ramas legislativa, judicial, ciudadana y electoral del Gobierno".

El 30 de marzo de 2017, añade el texto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), "amenazó con abolir la inmunidad parlamentaria y asumió un control significativo sobre las políticas sociales, económicas, legales, civiles y militares".

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Según Washington, "las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares progubernamentales armados conocidos como 'colectivos' a veces usaron fuerza excesiva contra los manifestantes".

Las organizaciones no gubernamentales "creíbles" informaron ataques domiciliarios indiscriminados, detenciones arbitrarias y el uso de la tortura para disuadir a los manifestantes, añade el informe.

"El Gobierno arrestó a miles de personas, juzgó a cientos de civiles en tribunales militares y sentenció a aproximadamente 12 alcaldes de la oposición a penas de 15 meses de prisión por presunta falta de control de las protestas en sus jurisdicciones", afirma el Departamento de Estado.

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Los informes anuales del Departamento son obligatorios por la legislación de EEUU y documentan el estado de los derechos humanos y de los trabajadores en casi 200 países y territorios.

Venezuela fue escenario de violencia entre abril y julio de 2017, cuando en el marco de diarias manifestaciones opositoras murieron 124 personas, mientras varios miles más resultaron heridas o fueron detenidas.

El Gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición por las muertes y asegura que los cuerpos de seguridad han respondido con un uso "legal, proporcionado y diferenciado" de la fuerza para la "contención física" de los manifestantes.

Asimismo, ha subrayado que jamás se ha autorizado el uso de armas de fuego contra ellos.