Chile "nunca ha tenido una obligación de negociar en el futuro" una salida al Océano Pacífico con soberanía a Bolivia, como lo exige el país altiplánico, dijo el agente chileno Claudio Grossman.
"Chile está orgulloso de su participación activa en organizaciones internacionales", señaló Grossman, ejemplificando con el rol que ha cumplido su país en instancias como las Naciones Unidas y otras organizaciones a nivel americano y latinoamericano.
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Se refirió también al tratado que Chile y Bolivia firmaron en 1904, el cual estableció los límites territoriales entre ambos países, afirmando que constituye "un acuerdo completo" entre las naciones vecinas, y aseguró que Chile ha otorgado "más beneficios" a Bolivia que los establecidos en el tratado.
Durante el turno del abogado británico Daniel Bethlehem que también representa a la defensa chilena, se enfatizó la idea de que los argumentos bolivianos "son débiles" y "poco jurídicos".
"Toda la presentación de Bolivia se basó en generalidades, Chile viene a la Corte con una causa que se basa en la evidencia y Bolivia no ha presentado evidencias", sostuvo Bethlehem.
Aseguró que Bolivia ha sido "contradictoria" en su argumentación, señalando que "confunden" sus pretensiones al no esclarecer si "lo que buscan es una obligación de conducta o una obligación de resultado".
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Después fue el turno del abogado francés Jean-Marc Thouvenin, quien utilizó material gráfico para señalar que, a diferencia de lo que argumentan los bolivianos, "las declaraciones de los gobiernos y de los jefes de Estado sobre un tema específico no constituyen obligaciones jurídicas", mostrando declaraciones de mandatarios de otros países que no han generado obligaciones.
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Luego expuso la abogada australiana Kate Parlett, argumentando que las conversaciones entre Chile y Bolivia en el pasado no "generaron acuerdos jurídicos" y finalmente habló el abogado británico Sam Wordsworth siguiendo la misma línea argumentativa, afirmando que las conversaciones de ambos países solo fue una demostración de la "disposición política" de Chile.
Bolivia argumenta que en reiteradas oportunidades en el pasado, los gobiernos chilenos manifestaron su voluntad de negociar una salida al mar para su país, lo que generaría una "obligación de negociar".
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Chile por su parte, señala que la "meras conversaciones y buenas intenciones" no generan una obligación jurídica de negociar, y además sustentan sus argumentos en el tratado de 1904, que fijó los límites entre ambos países.