"Se entiende que en un evento de esta naturaleza (la matanza) no pudo haber sido decisión de los autores materiales con responsabilidad de carácter individual", declaró al portal La Mula, Carlos Rivera, abogado de dos de las víctimas.
Durante el primer gobierno de García los presos acusados de terrorismo que estaban recluidos en El Frontón organizaron un motín en el que tomaron policías como rehenes, exigiendo mejoras en las condiciones carcelarias.
Al elevarse el estado de crisis dentro del establecimiento penitenciario, el gobierno ordenó su intervención con fuerzas especiales militares que tomaron por asalto la prisión, ocasionando la muerte de al menos 118 internos.
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Esto sucedió el 18 de junio de 1986.
El mandatario, al conocerse que algunos presos habían sido ejecutados luego de rendirse, fue citado luego del fin de su mandato para que responda por la autoría intelectual de la matanza.
Sin embargo, el caso no ha sido resuelto y en esta ocasión el Colegiado B citará a García en fecha aún por determinar, así como a los integrantes del Gabinete Ministerial de aquel entonces, además de a los 35 sobrevivientes de la matanza.
El caso fue calificado como un crimen de lesa humanidad.
El Colegiado B lo preside el juez superior Edhín Campos Barranzuela, y lo integran los jueces Hans Contreras Cuzcano y Otto Verapinto Márquez.