"(Netto) me decía que en unos cuatro meses la población empezará a notar el cambio, lo que no quiere decir que habrá magia; no quiere decir que conseguiremos destruir ese monumento a la tragedia que Río vive hoy, pero hay razones para la esperanza; los resultados se sentirán paulatinamente", aseguró Jungmann, según recoge el diario local Extra.
Desde entonces y hasta el 31 de diciembre todos los cuerpos policiales, la administración penitenciaria, los bomberos y el servicio de inteligencia, que antes estaban en manos del Gobierno del estado de Río, están siendo coordinados por las Fuerzas Armadas, algo inédito en la democracia brasileña.
Por el momento los resultados están siendo muy limitados y la ciudad y sus suburbios mantienen la rutina diaria de violencia, pero el ministro pidió paciencia, "porque 20 días no permiten construir la sensación de seguridad que queremos".
También justificó algunas operaciones cuya eficacia está siendo cuestionada, como las continuas incursiones en la favela Villa Kennedy (oeste de la ciudad), que movilizaron en los últimos días a 1.400 militares de las Fuerzas Armadas.
El Ejército entra para desmontar las barricadas que los narcotraficantes colocan en sus calles para asegurarse el control de la zona, pero al día siguiente todo vuelve a la situación inicial.
Además, el 8 de marzo hubo un atraco en una iglesia de ese barrio, donde al menos 15 fieles y el sacerdote fueron retenidos temporalmente mientras los ladrones, fuertemente armados, se llevaron todas sus pertenencias de valor.
El ministro y el interventor Braga Netto hablaron con la prensa tras reunirse con 12 parlamentarios de Río de Janeiro de varios partidos, que exigieron transparencia en las decisiones que se están tomando.
Uno de esos diputados, Alessandro Molon, aseguró que el Gobierno está estudiando cambios en la legislación que permitan diferenciar entre usuarios y traficantes de droga.
En la actualidad en Brasil la ley no contempla una cantidad de gramos que diferencie a un usuario de un traficante.
De esa forma, el criterio queda en manos del juez, lo que hace que muchos consumidores pobres de las favelas sean encarcelados sin necesidad, saturando aún más las ya de por sí masificadas cárceles brasileñas, reconoció el propio ministro.
