"Desde el 1 de enero de 2017 hasta el día de hoy, 213 compañeros han sido asesinados", señaló la Coccam en un comunicado, precisando que 174 de esos crímenes ocurrieron el año pasado y 39 en lo que va de 2018.
"Lo anterior se encuentra en el marco de la violencia político social sistemática que se desarrolla en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos comprometidos con la paz de Colombia", consideró la Coccam.
La integrante de la Comisión Política Nacional de la Coccam, Luz Perly Córdoba, exigió al Estado que brinde garantías para el desarrollo del ejercicio de los líderes sociales en el país.
"Las exigencia concreta para el Estado son garantías para nuestro ejercicio, que sean reconocidos los derechos de los campesinos y que también tengamos nuestros propios mecanismos de protección, como las guardias campesinas, indígenas y cimarrones", dijo Córdoba en un video publicado en la red social Twitter.
#QueLaPazNoNosCuesteLaVida || “Hasta la fecha llevamos 27 líderes asesinados que suscribieron los acuerdos de sustitución desde la constitución de la @COCCAMColombia en enero del año pasado” @Perly_Cordoba Vía: @marchapatriota pic.twitter.com/yPTkmV771L
— NC Noticias (@NCprensa) March 6, 2018
La activista señaló que el Gobierno se opone a que la conformación de guardias indígenas sea parte de un decreto en el que se trabaja para la protección de líderes sociales, pese a que se ha demostrado la eficacia de las mismas.
"Hay ejercicios de guardias campesinas que no se han transformado en grupos ilegales y que han ayudado mucho a la protección de sus territorios y comunidades y por eso defendemos esa figura", precisó.
Por último, la Coccam rechazó las declaraciones del Gobierno que endilgan los asesinatos de líderes campesinos que se a acogieron al PNIS "a líos de faldas" y precisó que ese programa cuenta con 54.000 familias vinculadas para las cuales el Ejecutivo solo destinó un billón de pesos (unos 346 millones de dólares), cantidad que resulta insuficiente para impulsar la iniciativa.
