El próximo martes 27 de febrero, Medina Sánchez deberá rendir cuentas sobre la gestión de su Gobierno durante el pasado año y así dar comienzo a una nueva legislatura.
En esta oportunidad la ciudadanía le está exigiendo el presidente que en la rendición de cuentas tome medidas concretas para combatir la corrupción política, cuyo índice de percepción se encuentra entre los más altos ocupando el puesto 135 de 180 a nivel mundial.
En particular, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) le envió un comunicado a Medina Sánchez para pedirle que realice el mayor esfuerzo para que el proyecto de ley de Partidos y el de Régimen Electoral sea aprobado en la legislatura que inicia.
"En República Dominicana tenemos alrededor de 18 años demandando una Ley de Partidos. Pero la clase política en cada periodo ha obstruido e impedido su creación para que garantice el funcionamiento del sistema democrático con mayores niveles de eficiencia, de transparencia y, sobre todo, de equidad en la participación política", sostuvo en entrevista con Sputnik Carlos Pimentel, encargado del programa de transparencia de PC.
Pimentel señaló que la Ley de Partidos que se apruebe debe incluir "aspecto vitales" como la transparencia en el financiamiento público y privado de los partidos políticos, de las campañas electorales y de los candidatos. Para esto, remarcó que es "fundamental" limitar el financiamiento por parte de las empresas y prohibir las donaciones por parte de las instituciones extranjeras de todos los géneros.
También subrayó la importancia de limitar el tiempo de precampaña a tres meses y prohibir la propagando y actos públicos fuera de ese período y defender las plenas garantías de la democracia interna con igualdad de derechos y deberes, lo que incluye la cuota de participación femenina en el Congreso y en los partidos políticos.
Además,el presidente está convocado a responder 10 preguntas sobre su participación en la trama de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.
El cuestionario fue enviado por el movimiento social Marcha Verde, integrado por varias organizaciones y ciudadanos independientes. Según explicó el colectivo en un comunicado, el objetivo de esta iniciativa es que el mandatario de respuestas concretas y termine con el "silencio" que mantiene desde hace más de un año cuando se hizo pública la vinculación entre el Gobierno dominicano y la constructora.
"La ciudadanía ha cumplido su deber y de manera cívica y contundente ha exigido en las calles y diversas instancias públicas que impere la ley, que se castigue a los corruptos, se recupere el dinero robado y cese el régimen de impunidad" afirma la misiva.
¿Por qué, si la Ley de Compras y Contrataciones (340-06) de República Dominicana prohíbe que las instituciones del Estado suscriban o mantengan contratos con empresas cuyos propietarios estén condenados por prácticas delictivas, usted y su Gobierno mantiene vigentes los contratos con la multinacional mafiosa Odebrecht?
¿Bajo cuáles condiciones el delincuente internacional Joao Santana trabajaba para su Gobierno en las mismas instalaciones del Palacio Nacional?
¿Cuál es su respuesta a la solicitud que más de 300 mil ciudadanos y ciudadanas firmaron en las jornadas del Libro Verde, en reclamo de la conformación de una comisión de fiscales independientes para investigar el caso Odebrecht?
¿Cuáles medidas ha tomado su Gobierno en el último año para investigar y sancionar junto al Ministerio Público y el Poder Judicial a la delincuencia política que, en los casos de Los Tres Brazos, los Tucanos, OISOE, los terrenos del CEA o el Metro de Santo Domingo, se ha robado los recursos de Salud, Educación, Transporte, Alimentación, Vivienda y otros servicios no satisfechos a la población dominicana?
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Si es usted un servidor público, que se enorgullece de su discurso de transparencia y cercanía con la gente, ¿por qué se niega a responder estas y otras preguntas legítimas de la ciudadanía dominicana y de los medios de comunicación que todavía no responden a los mandatos del Presupuesto Nacional?
Marcha Verde surgió en 2017 tras la declaración del director de Odebrecht donde confesó el pago de 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos entre 2001 y 2014. En ese periodo se involucran tres gobiernos distintos, el del presidente Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano, y los de Leonel Fernández y Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana.
