El país centroamericano registró en 2017 un aumento de 11% en las muertes de madres y bebés en comparación con el año anterior, según informó el ministerio de Salud Pública.
La titular de la cartera, Altagracia Guzmán Marcelino, reconoció que 2.835 bebés menores de un año y 188 madres fallecieron el pasado año por motivos que son evitables en un 88% de los casos.
Las causas principales a las que atribuyó las muertes derivan de una mala atención médica, como trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragias, abortos e infecciones.
Por eso, la ministra anunció a principios de febrero la implementación de un reglamento disciplinario que sancionará a los médicos que hayan incurrido en negligencia, incompetencia o negación a la atención que deriven en muertes materno-infantiles o causen daño permanente a la madre o al bebé.
Las sanciones previstas van desde la amonestación escrita hasta la cancelación del exequátur y la destitución de los médicos.
"Salud Pública debe preocuparse de suplir los insumos y equipos médicos para poder dar una respuesta de calidad a todos los pacientes que acuden a los hospitales del país, que ya no aguantan más parches", aseguraron en un comunicado.
Reyes explicó que desde ADESA entienden que la responsabilidad recae en ambos actores, ya que existe un sistema de salud que no funciona debido a problemas administrativos y a la falta de inversión económica, así como también hay negligencia del propio personal que trabaja en los centros de salud.
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Pero la coordinadora hizo énfasis en que las causas fundamentales "están ligadas íntimamente con la pobreza que persiste en la sociedad que conlleva problemáticas como la desnutrición de las madres durante el embarazo".
"Estas son causas estructurales que se vienen arrastrando como parte de una política del estado donde la inversión en los sectores más pobres del país sigue sin ser prioridad para el Gobierno", sostuvo.
Para ADESA el aborto es otra gran problemática sanitaria en donde las cifras del Estado no son representativas. Según explicó Reyes el ministerio de Salud asegura que el 3,8% de las mujeres que abortan mueren, pero ese porcentaje abarca solo a las mujeres que los practican en centro de salud.
"Las estadísticas de las mujeres que se realizan las interrupciones en términos clandestinos no se recogen porque al Gobierno y a los sectores conservadores como la iglesia católica no les convienen hablar de que hay miles y miles de mujeres que cada año tienen que acudir al aborto clandestino por no tener una atención segura", concluyó Reyes.
