"El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) formuló varias recomendaciones a Uruguay, entre ellas (…) aprobar un proyecto de ley integral contra la violencia de género", indica el informe presentado este jueves.
Sin embargo, en diciembre el Parlamento uruguayo sancionó la ley integral contra la violencia de género, tras ser aprobada por unanimidad en el Senado y obtener 63 votos de todos los partidos en Diputados.
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En total, durante 2017 fallecieron en el país 30 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, cifra que se ha mantenido estable desde 2004, según la integrante de la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual, Andrea Tuana, difundió el diario local El País.
En lo que va de este año se han cometido cinco feminicidios en el país, según información publicada en la red social Facebook por la organización uruguaya Coordinadora de Feminicidios.
El último caso ocurrió el 19 de febrero en la ciudad de Vergara, departamento de Treinta y Tres (este), donde una mujer de 32 años fue asesinada.
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El principal sospechoso, que debía declarar este 22 de febrero ante la Justicia, era su pareja, quien se autoeliminó en la cárcel mientras esperaba ser juzgado, publicó el diario El País en base a información de Mega FM.
El informe de Amnistía Internacional también contempla carencias que, a su entender, existen en Uruguay en cuanto a que continúa utilizándose de manera generalizada la prisión preventiva, siguen impunes los delitos cometidos durante la dictadura militar (1973-1985) y los defensores de los derechos humanos que investigan esos crímenes recibieron amenazas de muerte.
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Además, la organización internacional indica que en 2017 resultaba difícil acceder a servicios de salud reproductiva en las zonas rurales y persistían los obstáculos para la interrupción del embarazo, práctica legal en Uruguay, debido a la falta de regulación de la objeción de conciencia por parte de médicos y otro personal de salud.
