El 2018, último año de la Administración Peña Nieto, está signado por un debate vital, el de las aguas potables. La polémica está planteada en el proyecto de Ley General de Aguas, o Ley Pichardo como se la conoce popularmente, un conjunto de documentos que para algunos puede poner en riesgo el consumo ciudadano del recurso más importante para la vida, mientras que para otros no es un tema que siquiera exista en la agenda política del país.
"Los que hablan de Ley Pichardo no están informados, o si lo están tiene malas intenciones. No existe esa ley sino una plataforma a cargo de la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados. Se trató de presentaciones y propuestas para habar de un cambio radical de modelo de gestión del agua en México", sostuvo en diálogo con Sputnik Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS).
Según datos del portal Agua.org.mx, 102 de los 653 acuíferos del país están sobreexplotados, y entre un 30 y un 50% del agua para abastecimiento público se pierde por fugas en las redes y domicilios. En el país norteamericano solo el 10% del agua dulce es destinada al consumo doméstico.
A nivel global las actividades agropecuarias consumen la mayor cantidad de agua dulce, con un promedio del 70%, en México esa media es mayor, allí la agricultura y la ganadería consumen el 76% del recurso disponible. En este país el sector agropecuario no paga derechos por el uso y recibe subsidios en el costo de la energía para cuando se utilizan aguas subterráneas. El sector genera un 62% de las aguas residuales (cargas orgánicas, plaguicidas y fertilizantes, entre otros contaminantes).
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Según un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre 2010 y 2016 se registraron 303 casos de ataques a defensores y defensoras de los derechos ambientales. A Trasviña Aguilar y los suyos los han amenazado.
La Ley de Aguas Nacionales vigente en la actualidad fue impuesta como condición para que México entrara en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a mediados de los 90, explicó a este medio Helena Burns, coordinadora nacional de la asociación Agua para tod@s, agua para la vida.
"Se privatizó el agua a través de concesiones. Luego vino una reforma que obligó cambiar el marco legar y tener una nueva ley general centrada en el derecho humano al agua y que tiene que sentar las bases para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de Gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua. Tienen 360 días para lograrlo pero no hicieron nada, quieren que el agua pase del Estado a las empresas transnacionales y nosotro s del estado a la ciudadanía", agregó.
Sin embargo para Olivares las aseveraciones de que la supuesta Ley Pichardo favorece a las industrias extractivistas "son mitos". "En cualquier parte del mundo hoy hay participación privada porque así se requiere. Estamos padeciendo una reducción presupuestal de casi el 80% del año pasado a ahora para inversión en subsidio. En estas condiciones ¿cómo vamos a salir adelante si no es con concesiones? ", dijo.
La visión de Burns es opuesta. Según la activista, los legisladores mexicanos han sido "muy sensibles" a las exigencias de los inversionistas privados extranjeros. "El Ejecutivo realizó reformas legislativas que permitieron el uso de aguas nacionales para fracking. Esto es inconstitucional porque el Ejecutivo está legislando. Ahora se busca desligar a las empresas de sus responsabilidades sobre la contaminación. Estamos hablando de una crisis del agua que se siente en todo el país", subrayó.
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Más allá de la controversia lo cierto es que en México, uno de los países más poblados del mundo, el acceso al agua es un problema acuciante. Según Agua.org.mx, casi 13 millones de personas no cuentan con agua potable, y 43% de los mexicanos no tiene las instalaciones sanitarias mínimas.
