"El esquema de observación del tratado vigente es insuficiente para observar de manera genuina y objetiva la situación de los derechos humanos en México, que ha escalado a un nivel extraordinario, porque configura crímenes de lesa humanidad", expresó Guevara.
Aunque el Gobierno de México rechace que exista un patrón deliberado y generalizado, "la tortura y las ejecuciones forman parte de las políticas de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, que ejecutan y desaparecen personas en forma extrajudicial, como parte de su estrategia de combate a la delincuencia organizada", dijo Guevara.
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El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-UE, firmado en 1997 y vigente desde 2000, llamado Acuerdo Global, comprende capítulos de cooperación económica y comercial, pero también de diálogo político.
"Nuestra petición es que, en las negociaciones del Acuerdo Global, se fortalezca la Cláusula Democrática de respeto a los derechos humanos, ante una política deliberada de las autoridades mexicanas para no investigar esas violaciones", dijo el experto, quien ha sido director general de derechos humanos y democracia de la cancillería mexicana.
Las partes firmaron en 2009 una Asociación Estratégica, y el capítulo sobre democracia "requiere ahora un nuevo mecanismo de supervisión", afirmó.
Guevara estimó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto está "comprometido con severos casos de corrupción, (y) por esa razón se requiere que el Acuerdo con la UE refuerce un mecanismo de supervisión en tiempo real para impedir la impunidad".
Compromisos internacionales incumplidos
En ese marco, los organismos humanitarios solicitan a la UE que envíe una misión de expertos o recomiende una visita de observación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU "para analizar los casos de impunidad".
La negativa del Gobierno de Peña Nieto a aceptar la observación y asesoría internacional "no es parte de una defensa de la soberanía, sino una forma de protección de los funcionarios y autoridades del partido gobernante para encubrir la impunidad", afirmó el director del organismo civil, fundado en 1989.
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En el marco del diálogo de concertación política, organizaciones de la sociedad civil mexicanas y europeas han participado en cuatro seminarios bilaterales para examinar el respeto a la Cláusula Democrática.
La CMDPDH es una de esas organizaciones que participó este 16 de febrero en un foro, encabezado por la presidenta de la Comisión de DDHH del Senado, Angélica de la Peña, y Josep María Terricabras, eurodiputado del Parlamento Europeo, integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE.
En el diálogo político bilateral, las partes examinan anualmente al más alto nivel temas de seguridad, justicia y derechos humanos.
En México, las instituciones de procuración e impartición de justicia "no son capaces de investigar ni sancionar crímenes y violaciones a derechos humanos, que en la abrumadora mayoría de los casos son cometidos o permitidos por sus propios funcionarios", dice el documento presentado por la organización a las partes.
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Los mecanismos internacionales de derechos humanos, interamericanos y de la ONU, han coincidido en años recientes que México "enfrenta una crisis de derechos humanos e impunidad".
Sin embargo, "para nuestros gobernantes, éstas son simple apreciaciones 'irracionales' alimentadas por encono social", dice el posicionamiento, que alude a una reciente declaración del presidente Peña Nieto.
Alemania ha comparado la situación del derecho a la libertad de expresión en el país latinoamericano, con países como Turquía, Bangladesh o Azerbaiyán.
Finalmente, para fortalecer la capacidad de las autoridades mexicanas, recomiendan "mecanismos concretos de cooperación, supervisión y exigibilidad dentro del Acuerdo Global".
Para México, la UE es el segundo socio comercial más importante después de EEUU, y su principal donante en material de cooperación internacional.
